Trabajadores del municipio denuncian meses sin recomposición en un contexto inflacionario, cuestionan el manejo de los recursos y advierten una fuerte desigualdad frente al crecimiento de la planta política del Ejecutivo local.
La incertidumbre y el descontento se profundizan entre los trabajadores municipales de Ramallo ante la ausencia de definiciones concretas en materia salarial, en un contexto marcado por la inflación sostenida desde noviembre, mes en el que se otorgó el último incremento efectivo. A medida que pasan los meses sin actualización, el malestar se vuelve cada vez más visible dentro de las distintas áreas del municipio.
Los cuestionamientos apuntan de manera directa a la administración del intendente Mauro Poletti y al secretario de Hacienda, que también ocupa el área de Obras Públicas, Leandro Torri. Desde el interior del Palacio Municipal se habla de un manejo deficiente de los recursos que derivó en una situación considerada inédita: cuatro meses antes de finalizar el año, la Municipalidad de Ramallo entró en cesación de pagos. La falta de fondos no solo afectó a proveedores, sino también al pago de servicios, horas extras y a la discusión paritaria, donde se optó por no otorgar aumentos salariales.
En los pasillos municipales el clima es tenso. Trabajadores de diferentes dependencias advierten que los servicios se resienten, que los aumentos no llegan y que ciertos beneficios se concentran en sectores específicos, profundizando las desigualdades internas. Una de las críticas más reiteradas tiene que ver con el crecimiento de la planta política del Ejecutivo local.
Desde 2023, cuando Poletti asumió su mandato, hasta enero de 2026, la estructura política del municipio creció de manera exponencial. No solo se duplicó la cantidad de secretarías, sino también el número de directores políticos. Los salarios de los secretarios superan los 3,5 millones de pesos mensuales, a lo que se suman adicionales que, en algunos casos, incrementan hasta en un 75% el ingreso final de bolsillo.
Los directores políticos, varios de ellos designados por acuerdos con agrupaciones y sectores sindicales alineados al oficialismo, perciben sueldos superiores a los 2 millones de pesos. Para los trabajadores de planta permanente y contratados, esta situación genera un fuerte contraste entre los ingresos de la conducción política y los salarios básicos que perciben quienes sostienen el funcionamiento diario del Estado local.
El caso del Hospital José María Gomendio y de las delegaciones municipales aparece como uno de los ejemplos más citados, donde la cantidad de funcionarios políticos y los sueldos elevados contrastan con la falta de recursos y la ausencia de señales de austeridad. Todos los integrantes de la planta política cobran adicionales, lo que amplía aún más la brecha con el trabajador raso.
Mientras tanto, los empleados municipales llevan más de dos meses sin recomposición salarial. El INDEC informó que la inflación de diciembre fue del 2,8%, un dato oficial que volvió a erosionar el poder adquisitivo. Noviembre y diciembre transcurrieron sin aumentos, como si el costo de vida se hubiese detenido, algo que los bolsillos desmienten a diario.
En enero, el Departamento Ejecutivo convocó a paritarias. Sin embargo, la expectativa de una propuesta concreta se diluyó rápidamente. La reunión se limitó a “escuchar a los gremios”, sin presentar porcentajes ni compromisos. Para muchos trabajadores, paritarias sin oferta no constituyen una negociación real, sino una formalidad que posterga el derecho a un salario digno.
A este escenario se suma el silencio de algunos dirigentes gremiales, cuya falta de posicionamiento firme es interpretada por sectores del personal como “una ausencia que duele”. Sin reclamos visibles ni instancias de conflicto, el deterioro salarial continúa. En redes sociales, los trabajadores comenzaron a expresar su malestar y a visibilizar una realidad que, lejos de ser un relato ficticio, se vive todos los días en la Municipalidad de Ramallo.
