Alerta por el impacto social y económico de la reforma laboral
NewsITe
La discusión por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei suma nuevas voces de rechazo desde el sector de los trabajadores viales y de organismos públicos vinculados a la obra y el mantenimiento de la infraestructura. Dirigentes sindicales advierten que el proyecto oficial no sólo implica una fuerte flexibilización de las condiciones de trabajo, sino que además se combina con salarios congelados y un profundo deterioro de las rutas nacionales, con impacto directo sobre la seguridad vial y la economía real.
Entre los puntos más cuestionados se encuentra la limitación del principio de la norma más favorable al trabajador, un pilar histórico del derecho laboral argentino. Especialistas señalan que, de avanzar en esos términos, muchos conflictos que hoy se tramitan en el fuero laboral podrían terminar dirimiéndose en el ámbito penal o civil, lo que implicaría mayores costos y menos protección para quienes trabajan.
Otro aspecto polémico es la habilitación para que las y los empleados renuncien a derechos adquiridos mediante acuerdos individuales, con la sola homologación de la autoridad de aplicación y sin intervención sindical. Desde el movimiento obrero consideran que esto deja al trabajador “a la deriva”, obligado a negociar en soledad frente al empleador y debilitando de hecho la negociación colectiva.
Trabajadores de plataformas y viales, fuera de la agenda oficial
Lejos de ampliar la cobertura de derechos, el proyecto excluye a los trabajadores de plataformas digitales, un segmento en fuerte crecimiento y atravesado por la precarización. Repartidores, choferes y otros prestadores seguirían así sin un marco legal claro que contemple su realidad cotidiana, caracterizada por la inestabilidad de ingresos, la falta de cobertura social y la ausencia de representación gremial plena.
En el caso de los trabajadores viales, referentes sindicales remarcan que parte de la reforma ya se siente en los hechos: los sueldos se encuentran congelados desde hace más de trece meses. La reapertura de las paritarias sólo fue posible, explican, gracias a un fallo favorable de la Cámara del Trabajo a una presentación realizada por el propio gremio, aunque las reuniones posteriores no arrojaron propuesta alguna de aumento, con un resultado concreto de incrementos del 0%.
La situación se replica en otros sectores clave, como el de los brigadistas que operan en la Patagonia, quienes perciben salarios por debajo de la línea de pobreza pese a cumplir tareas esenciales vinculadas al combate de incendios, emergencias climáticas y cuidado del ambiente.
Fondos retenidos y rutas nacionales deterioradas
El debate sobre la reforma laboral se entrecruza con el cuestionamiento al desfinanciamiento de diversos organismos públicos. En Vialidad Nacional, denuncian no sólo subejecución presupuestaria, sino también la retención de los fondos específicos que se recaudan a través del combustible y que, por ley, deben destinarse al mantenimiento de las rutas nacionales.
De acuerdo con información obtenida vía Acceso a la Información Pública, el propio Ministerio de Economía habría reconocido que esos remanentes se encuentran invertidos en letras y plazos fijos, lejos de su objetivo original. Para los trabajadores, esta decisión explica en parte el deterioro visible de la red vial y la falta de obras imprescindibles en corredores estratégicos del país.
- Mayor riesgo para la vida de quienes circulan por rutas en mal estado.
- Dificultades para el traslado en ambulancias y emergencias médicas.
- Trabas logísticas para la salida de la producción nacional.
- Pérdida de competitividad en destinos turísticos que dependen del transporte terrestre.
“Todo se hace en contra del pueblo argentino: se congelan salarios, se paralizan obras y se pretende avanzar sobre derechos que costaron décadas conseguir”, advierten desde el sector vial al rechazar la iniciativa oficial.
Reforma, empleo y calidad de vida: un modelo en discusión
Desde los gremios enfatizan que la reforma propuesta no está orientada a generar empleo genuino ni a mejorar la calidad de vida, sino que consolida un escenario de inestabilidad permanente, donde incluso quienes conservan su puesto de trabajo tienen cada vez menos posibilidades de proyectar su futuro.
En contraposición, plantean que cualquier cambio en las normas laborales debería apuntar a ampliar derechos, modernizar la organización del trabajo y acompañar tendencias internacionales, como la reducción de la jornada laboral. Mientras varios países debaten esquemas de cuatro días de trabajo semanales o menos horas por día, en la Argentina se impulsa, señalan, una agenda que podría habilitar jornadas de hasta 12 horas.
El rechazo sindical se basa también en la defensa de conquistas históricas, como la indemnización por despido, el aguinaldo, las licencias pagas y los convenios colectivos, logros que demandaron décadas de organización y lucha. Para los trabajadores, suprimir o recortar esos derechos no se traduce en más empleo, sino en una transferencia de recursos desde los salarios hacia los sectores empresarios.
En ese marco, sostienen que la verdadera salida pasa por reactivar la economía, impulsar la producción, fortalecer el mercado interno y mejorar los ingresos, en lugar de avanzar en esquemas de flexibilización que, según advierten, sólo agravan la desigualdad y la conflictividad social.
