La propietaria de la ortopedia Novatrau es investigada por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad. Para el fiscal de la causa, la nicoleña podría haber recibido adjudicaciones directas a cambio del pago de “retornos” o coimas a intermediarios y funcionarios. También declaran hoy Claudio Alejandro Kahn y Gerardo Raúl Angarami, representantes de la empresa Cirugía Alemana Insumos Médicos.
De la redacción de EL NORTE
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Para hoy, martes 5 de mayo, fue citada a declarar la empresaria nicoleña Evangelina Ileana García en el marco de la causa que investiga irregularidades y un presunto entramado de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Diego Spagnuolo, extitular del ente, fue el primero de las 35 personas citadas a Comodoro Py, pero decidió no declarar.
El fiscal Franco Picardi cree que Evangelina García, propietaria de la ortopedia Novatrau, tiene vínculos con Miguel Ángel Calvete, y que ello le podría haber facilitado contar con información privilegiada. También fue citado a declarar su hijo, Martín Gonzalo Armella, para el próximo jueves. El entramado delictivo en la Andis habría sido conducido desde el sector público por Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.
En total, la Justicia Federal llamó a declarar a 35 personas involucradas en el marco de la causa. La lista incluye la ampliación de las declaraciones de otras cuatro personas ya procesadas, como el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini; Miguel Ángel Calvete, acusado de actuar como intermediario entre funcionarios y directivos de laboratorios y droguerías; y los empresarios Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, en línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, llamó a declarar a exfuncionarios y empresarios del rubro médico imputados de formar parte de una organización delictiva que operó entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 para defraudar a la administración pública mediante la manipulación de compras de medicamentos e insumos de alto costo.
“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, sostuvo el juez Ariel Lijo, en línea con lo que planteó la fiscalía. Además de la citación, el juzgado ha dispuesto la inhibición general de bienes para asegurar el recupero de activos ante una eventual condena.
Según las fuentes judiciales, el esquema delictivo consistía en acuerdos ilegales entre funcionarios de la Andis y actores privados vinculados a droguerías y proveedores de insumos de alto costo (PACBI). A través de la manipulación de procesos de contratación del Programa Federal Incluir Salud, se habrían direccionado adjudicaciones para beneficiar a empresas seleccionadas de antemano, simulando una competencia que no existía a cambio de dádivas y retornos.
La maniobra habría afectado directamente a la población más vulnerable: beneficiarios de pensiones no contributivas con discapacidad. Mediante el uso direccionado del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), que era el mecanismo mediante el cual se administraban las prestaciones PACBI y se realizaban las adjudicaciones de alto costo, se habrían creado compulsas de precios “especiales” o paralelas.
