La Justicia avanza con el decomiso millonario a Cristina Fernández.
La causa Vialidad ingresó en una fase clave con la puesta en marcha del decomiso de bienes de Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia, y otros condenados. El Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó ejecutar patrimonio por un monto que la Justicia estimó en $684.990.350.139,86, cifra que se considera el perjuicio económico causado al Estado por el esquema de irregularidades en la adjudicación de la obra pública en Santa Cruz.
La resolución se conoce luego de que la condena quedara firme tras el fallo de la Cámara de Casación Penal, y marca un cambio de etapa: de la sentencia escrita al impacto concreto sobre los bienes de los involucrados. Todo el patrimonio alcanzado por el decomiso quedará bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá definir el destino final de esos activos.
Inmuebles y terrenos concentrados en Santa Cruz
El primer paquete bajo ejecución incluye alrededor de veinte inmuebles, en su mayoría situados en Santa Cruz, especialmente en El Calafate y Río Gallegos. Se trata de ciudades que fueron clave en el crecimiento patrimonial de la familia Kirchner entre los años 2000 y 2010, en paralelo a su consolidación política a nivel nacional.
Entre los bienes sobresalen grandes extensiones de tierra adquiridas durante ese período. En El Calafate figura un terreno de más de 6.000 metros cuadrados sobre la avenida 17 de Octubre, comprado en 2007, junto con otros lotes de hasta 87.046 metros cuadrados incorporados ese mismo año. Estas compras se realizaron en pleno auge inmobiliario y turístico de la ciudad, lo que disparó el valor de la tierra.
Los hoteles y la relación con Lázaro Báez
Dentro del listado sobresale el hotel Los Sauces Casa Patagónica, considerado por la Justicia uno de los emblemas del entramado patrimonial investigado. El complejo se levanta sobre tres terrenos: uno a nombre de la firma Los Sauces SA y otros dos en condominio entre Máximo y Florencia Kirchner. La expansión del predio incluyó una permuta con Lázaro Báez, otro de los principales condenados, a quien Cristina Fernández de Kirchner cedió un lote en Punta Soberana a cambio de tierras para ampliar el hotel.
Ese terreno, valuado en unos 17,4 millones de pesos y que nunca fue edificado, también quedó alcanzado por el decomiso. La nómina se completa con otros lotes comprados en 2007 y 2008, entre ellos uno de 16.189 metros cuadrados donde luego se construyó el hotel Las Dunas, lo que refuerza para los jueces la integración entre negocios hoteleros, movimientos inmobiliarios y fondos vinculados a la obra pública.
Departamentos en Río Gallegos y cesiones a los hijos
En Río Gallegos, el decomiso se extiende a un conjunto de departamentos vinculados a la inmobiliaria de la familia Kirchner y construidos por empresas de Báez. Sobresale el complejo de Mitre 535, con once unidades adquiridas en 2007 por Néstor Kirchner a través de un fideicomiso. A eso se suman otras diez unidades en la misma zona y propiedades en 25 de Mayo 255 y en la avenida Presidente Néstor Kirchner 490.
Un aspecto central del fallo es la decisión de incluir inmuebles y participaciones que fueron cedidos en 2016 a Máximo y Florencia Kirchner. El tribunal entendió que esas transferencias intrafamiliares no modifican el origen ilícito de los fondos ni pueden utilizarse para esquivar la sanción económica, fijando así un criterio que podría proyectarse a otras investigaciones de corrupción.
Alcance histórico y posibles destinos de los bienes
- La suma a recuperar supera los $684.000 millones, uno de los montos más altos fijados en una causa de corrupción en Argentina.
- La Justicia dejó abierta la posibilidad de avanzar sobre empresas vinculadas a Lázaro Báez, como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto, si los activos principales no alcanzan para cubrir la cifra.
- La Corte Suprema deberá decidir si los bienes se subastan o si se destinan a proyectos de reparación social, especialmente en Santa Cruz.
En un contexto de fuerte demanda ciudadana por transparencia y rendición de cuentas, el avance sobre el patrimonio de los condenados en Vialidad se convierte en un test para el sistema judicial. Su efectividad marcará si las condenas por corrupción se traducen o no en una verdadera reparación económica para el Estado y la sociedad.
