El Ministerio de Seguridad impulsa una causa penal contra el presidente xeneize
NewsITe
El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, fue denunciado penalmente por el Ministerio de Seguridad de la Nación por presunta administración fraudulenta vinculada al manejo económico e institucional del club. La causa se suma a otros cuestionamientos judiciales que rodean la actual gestión xeneize y que vuelven a poner en el centro de la escena al exfutbolista, hoy máximo dirigente de la entidad de La Ribera.
Según trascendió en ámbitos judiciales, la presentación apunta a supuestas irregularidades en el manejo de abonos, carnets de socios y stock de indumentaria oficial. El eje de la denuncia radica en la presunta desaparición de unas 50.000 prendas deportivas, además de la administración de beneficios y accesos al estadio mediante los sistemas de socios y abonados, rubros clave en los ingresos ordinarios del club.
La acusación formal fue impulsada por el Ministerio de Seguridad y se enmarca en un clima político e institucional tenso en Boca, con la dirigencia bajo la lupa por decisiones deportivas y administrativas. En ese contexto, la Bombonera se convirtió en escenario de reproches e insultos hacia la comisión directiva, potenciados por los últimos resultados deportivos y la salida del entrenador Fernando Gago.
La nueva denuncia no es un hecho aislado. En mayo de 2025, el funcionario del Ministerio de Seguridad Walter Klix ya había promovido una causa contra Riquelme por presunta asociación ilícita, también vinculada al manejo del club. Klix, cercano a sectores opositores a la actual conducción boquense, había puesto el foco en la estructura de poder interna y en presuntas maniobras irregulares en distintas áreas de la institución.
Detalles de la causa y contexto institucional en Boca
De acuerdo con lo que pudo reconstruirse, la denuncia por administración fraudulenta solicita que la Justicia investigue el circuito completo de control y distribución de la indumentaria oficial, así como los registros de emisión y utilización de carnets de socios y abonos. La eventual desaparición de 50.000 prendas deportivas, de confirmarse, implicaría no sólo un perjuicio económico para el club, sino también la posible existencia de un circuito paralelo de comercialización.
En paralelo, el escenario futbolístico tampoco acompaña. Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores, sufrió una derrota clave ante River en los últimos superclásicos y, en medio de ese contexto, se produjo la salida de Fernando Gago como director técnico. Este combo de resultados negativos y conflictividad interna alimentó el malestar en la hinchada y tensó aún más la relación entre la dirigencia y distintos sectores del club.
En términos legales, ahora será la Justicia la que deba determinar si existieron delitos vinculados a la administración del patrimonio de Boca. La investigación podría incluir pedidos de documentación contable, declaraciones de dirigentes y funcionarios, y pericias sobre los sistemas de control de stock y emisión de credenciales. Mientras tanto, desde el oficialismo xeneize se espera una postura pública que, llegado el caso, apunte a desligar la responsabilidad penal y a enmarcar el conflicto en la disputa política que atraviesa a la institución.
La denuncia por presunta administración fraudulenta se suma a la anterior acusación por asociación ilícita y se da en medio de un fuerte clima de tensión política y deportiva en Boca Juniors.
Con la causa recién iniciada, el futuro inmediato de la investigación y su eventual impacto en la conducción de Boca dependerán de las medidas que adopte el juzgado interviniente. En el plano político, el expediente promete convertirse en un nuevo capítulo de la disputa por el control del club y por el liderazgo en uno de los espacios más influyentes del fútbol argentino.
