Reclaman juicio político por ajustes en Discapacidad
NewsITe
En la Cámara de Diputados de la Nación, referentes políticos y más de 150 representantes de organizaciones vinculadas a la temática de la discapacidad se reunieron para denunciar el impacto de los recortes en el sector y reiterar el pedido de juicio político contra el ministro de Salud, Mario Lugones. El encuentro fue convocado por el vicepresidente primero de la comisión de Discapacidad, Juan Marino (Unión por la Patria), ante la decisión de La Libertad Avanza de mantener inactiva esa comisión.
Marino advirtió que la situación en todo el país es crítica: centros de día que cierran sus puertas, terapias interrumpidas, falta de medicamentos y demoras en el alta de pensiones. Según el diputado, estas medidas se inscriben en un contexto de ajuste que afecta directamente a las personas con discapacidad y sus familias, a quienes les resulta cada vez más difícil sostener tratamientos y acceder a prestaciones básicas.
Durante la reunión se escucharon numerosos testimonios de usuarios, profesionales y familiares. Muchos relataron el cierre de instituciones, la reducción de prestaciones y la incertidumbre frente a la continuidad de las coberturas. También se expresó un fuerte rechazo al proyecto del Gobierno que ya ingresó al Senado y que propone una reforma profunda del régimen de pensiones por invalidez laboral.
Críticas a la reforma de pensiones y a la liberalización de precios
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto oficial es el reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez en un plazo de 90 días hábiles, con una posible prórroga de 30 días. Quienes no completen el trámite de actualización de datos médicos y socioeconómicos verán suspendido el pago del beneficio hasta regularizar su situación, lo que genera preocupación por el posible recorte masivo de pensiones.
Además, se endurecen las condiciones para acceder al beneficio, que quedaría reservado a casos de invalidez total y permanente y a personas en situación de marcada vulnerabilidad económica. También se establece la incompatibilidad entre cualquier tipo de trabajo formal —en relación de dependencia, monotributo o autónomos— y el cobro de la pensión, una medida que organizaciones del sector consideran regresiva porque desalienta la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
El Poder Ejecutivo justifica la reforma argumentando que entre 2003 y 2023 la cantidad de pensiones se multiplicó por 16, pasando de 76 mil a 1,2 millones de beneficiarios, y que se detectaron múltiples casos de incompatibilidades y presunto fraude. Sin embargo, las entidades presentes en Diputados sostienen que el camino elegido castiga a quienes realmente necesitan del apoyo estatal.
Organizaciones exigen un Observatorio y más control ciudadano
En la reunión también se debatió la necesidad de crear un Observatorio Nacional de la Discapacidad que articule el trabajo de organizaciones, legisladores y universidades para monitorear el cumplimiento efectivo de los derechos del colectivo. La propuesta apunta a contar con datos actualizados, transparencia en la asignación de recursos y mecanismos de alerta temprana frente a posibles vulneraciones.
- Rechazo al ajuste en pensiones por invalidez y a la liberalización de precios de prestaciones.
- Pedido de juicio político a Mario Lugones por el impacto de los recortes en el sistema de Discapacidad.
- Impulso a la creación de un Observatorio Nacional de la Discapacidad con participación social y académica.
“Centros de día que cierran, terapias que se interrumpen y medicamentos que no llegan: la emergencia en discapacidad se profundiza día tras día”, advirtió el diputado Juan Marino durante el encuentro en la Cámara baja.
Del encuentro participaron los diputados nacionales Caren Tepp, Eduardo Valdés, Lorena Pokoik, Victoria Tolosa Paz, Claudia Palladino, Sabrina Selva, Marianela Marclay, Nancy Sand, Cristian Andino, Jorge Chica, Pablo Yedlin, Nicolás del Caño y Esteban Paulón, entre otros. Las organizaciones adelantaron que continuarán con acciones de visibilización y reclamos institucionales para frenar los recortes y defender el sistema de derechos de las personas con discapacidad en la Argentina.
