La directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, explicó la iniciativa oficial ante comisiones del Senado. Planteó que la ley de Salud Mental vigente “no funciona adecuadamente” y sostuvo que algunos artículos se convirtieron en obstáculos para garantizar tratamientos oportunos.
El Gobierno presentó en el Senado su iniciativa para modificar la actual Ley Nacional de Salud Mental, con especial atención en los criterios que regulan la internación involuntaria de pacientes. La exposición se realizó ante las comisiones de Salud y Legislación General, donde funcionarios nacionales defendieron la necesidad de revisar distintos artículos de la norma sancionada en 2010.
La directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, explicó los puntos centrales del proyecto oficial y cuestionó aspectos de la ley vigente. Según planteó, el texto actual generó dificultades en la práctica profesional y limitó la posibilidad de intervenir de manera adecuada en determinados casos.
“El problema es que se descentralizó al psiquiatra en la ley vigente”, señaló González durante su intervención. La funcionaria sostuvo que el abordaje interdisciplinario debe mantener un equilibrio entre especialidades, pero sin desplazar el rol específico de cada profesional.
El rol del equipo interdisciplinario
González remarcó que el Gobierno no busca eliminar la mirada interdisciplinaria, sino precisar el lugar de cada área dentro del tratamiento. En ese sentido, afirmó que el equipo debe integrar distintas disciplinas, aunque cada una conserva una función propia.
“El equipo interdisciplinario, en todo caso, es ‘psiquiatra y psicólogo’, no se le da centralidad, se da el lugar que corresponde. Una especialidad no puede reemplazar a otra, tiene una formación diferente”, sostuvo ante los senadores.
Con ese argumento, la funcionaria defendió la necesidad de revisar la estructura actual de intervención en salud mental. Según explicó, la reforma apunta a evitar superposiciones o interpretaciones que puedan demorar decisiones clínicas en situaciones que requieren una respuesta rápida.
González también se refirió a los tratados internacionales incorporados a la legislación argentina. Señaló que en la Ley 26.657 aparecen como elementos “rectores” y sostuvo que el Gobierno busca modificar ese enfoque dentro del texto normativo vigente.
Críticas a la aplicación de la ley vigente
Durante su exposición, González afirmó que el Ejecutivo llegó a la conclusión de que la ley actual necesita cambios luego de escuchar a distintos sectores involucrados en el sistema de salud mental. Mencionó a pacientes, familiares, organizaciones civiles, profesionales y referentes de las 24 jurisdicciones del país.
“Luego de haber escuchado a pacientes, familias, organizaciones civiles, profesionales, y referentes de las 24 jurisdicciones, pudimos concluir que la ley, tal como está planteada, no funciona adecuadamente y que es necesario modificar ciertos artículos que se han convertido en obstáculos para que los pacientes reciban un tratamiento oportuno y adecuado”, indicó.
La funcionaria sostuvo que la modificación propuesta permitiría una aplicación más homogénea de la norma en todas las provincias. Según planteó, el objetivo del proyecto consiste en reducir diferencias de implementación entre jurisdicciones y garantizar criterios comunes para la atención de los pacientes.
El Gobierno ubicó ese punto como uno de los ejes de la discusión parlamentaria. Para la administración nacional, la legislación vigente no logró resolver de manera uniforme los problemas que aparecen en el abordaje de casos complejos.
Cambios en los criterios de internación
Uno de los puntos centrales del proyecto oficial es el reemplazo del concepto de “riesgo cierto e inminente” por un criterio situacional. González explicó que esa modificación permitiría evaluar no solo el estado del paciente en un momento determinado, sino también sus antecedentes y la posible evolución del cuadro.
“Esto permitirá analizar antecedentes y la evolución previsible del paciente para facilitar intervenciones preventivas que les garanticen el tratamiento que necesitan. Tenemos que buscar los antecedentes y no basarnos en la foto del momento, esa es nuestra responsabilidad profesional”, destacó.
La funcionaria defendió ese cambio como una herramienta para anticipar situaciones de mayor gravedad y evitar que los equipos de salud queden atados a una lectura limitada del presente clínico. Según el planteo oficial, ese enfoque podría facilitar intervenciones preventivas cuando existan elementos suficientes para justificar una decisión terapéutica.
En ese marco, el debate sobre la internación involuntaria volvió a quedar en el centro de la discusión. El Gobierno busca ampliar los criterios de evaluación y otorgar mayor margen a los profesionales para actuar ante casos que, según entiende, requieren una respuesta más temprana.
Una reforma que busca redefinir conceptos clínicos
González también defendió la necesidad de precisar términos utilizados dentro de la norma. Según explicó, el objetivo no es ampliar diagnósticos de manera indebida, sino mejorar la definición de los cuadros y evitar errores en la intervención profesional.
“El objetivo no es patologizar sino precisar las características diagnósticas para que los equipos no incurran en errores involuntarios, cuando se trate de problemáticas que no alteran el bienestar de los pacientes, las vamos a llamar afecciones, un término habitual dentro de la salud”, remarcó.
Con esa explicación, la funcionaria presentó la reforma como una revisión técnica orientada a mejorar la atención y ordenar criterios de intervención. El proyecto ahora deberá continuar su tratamiento legislativo en el Senado, donde el oficialismo buscará avanzar con los cambios propuestos a la Ley Nacional de Salud Mental.
