El comienzo de la semana estará signado por un paro de tres días –desde el lunes y hasta el miércoles inclusive– en el servicio de prestadores de salud, particularmente de aquellos que abordan las discapacidades; afectará también al transporte de personas con discapacidad. El martes se manifestarán desde las 9 de la mañana en plaza Mitre. Vanina Lattanzio, profesional del área, expresó: “Nos ponemos en el lugar de nuestros pacientes y las familias, pero en algún momento alguien se tiene que poner de nuestro lado. Esto ya es insostenible”.
Carolina Mitriani
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Distintos puntos del país estarán manifestando su descontento por el incumplimiento de la financiación gubernamental en los servicios de salud integral destinados a personas con discapacidades. Vanina Lattanzio, musicoterapeuta local, explicó en diálogo con EL NORTE: “Todo este lío sucede porque este mes ninguna obra social efectuó ningún pago a ningún prestador a nivel nacional. Lo que bajan a nosotros es que la Superintendencia de Servicios de Salud no gira los fondos de discapacidad para que ellos puedan acreditar el Sistema de Integración”. Esta modalidad fue creada por ley para que el Estado, a través de las obras sociales, haga efectivo el pago a los profesionales del área.
Silencio
“Siempre somos los últimos en toda esta cadena”, señala Lattanzio, y destaca que llegaron “a un límite” y de alguna forma deben hacer valer sus derechos.
Tanto Vanina como otros profesionales de la ciudad manifestaron a este medio que su intención no era llegar al cese de actividades: “Lo venimos debatiendo desde que nos enteramos el lunes. Todos los prestadores de San Nicolás nos unimos porque lo que menos queremos es parar, porque hay chicos que necesitan y no pueden cortar sus tratamientos por su calidad de vida. Pero no nos queda otra porque nadie nos da una respuesta y porque si seguimos invisibilizados, sin movilizarnos, parece ser que es un sector que a nadie le importa”. Por tal motivo, resolvieron parar las actividades desde el próximo lunes 29 y hasta el miércoles 31, inclusive. El martes 30 –de 9 a 11 horas– estarán manifestándose en la plaza Mitre.
Apoyo
Esta movilización masiva de trabajadores del ámbito de la salud integral y en atención a discapacidades cuenta con el respaldo de las familias que asisten a sus terapias y servicios. Paola, mamá de una niña nicoleña con discapacidad, dialogó con este medio, remarcando que estarán acompañando porque comprenden las necesidades del sector. “Junto a mi familia me encuentro enfrentando este duro momento. Los problemas son muchos: en transporte, terapias, acompañantes externos, pagos, aprobaciones para ingresos a los edificios de las instituciones educativas… Es un tema que nos aborda de cerca, nos hace alzar la voz y en cierta forma hacer un acompañamiento firme de todo el pedido que están haciendo los prestadores con justa razón”, señaló.
Paola cree que es preciso entenderse en la misma lucha porque “nuestros hijos y su salud no pueden tener demora; no podemos reajustar sus terapias, su aprendizaje, su acompañamiento que son sumamente necesarios. Precisan de sus prestaciones, de sus terapias, pero para eso principalmente sus prestadores necesitan estar pagos y bien valorados”.
En sintonía con otras familias que aseguran su presencia en la manifestación del martes, la mamá plantea: “Queremos que todo sea bueno para todos y que los niños no queden excluidos en esta sociedad, donde se tocan temas menos importantes en vez de ver esta realidad. Acompañaremos en este cauce de encontrar una solución. Es un derecho que el Gobierno debe cumplir y proveer”.
“Lamentablemente esto siempre repercute en los niños y su familia, su salud y aprendizaje, en batallas que venimos tratando de larga data”, refirió Paola, y remarcó que como mamá apoya “profundamente a todos en el intento de organizarse. Es un reclamo justo, necesitan cobrar lo que corresponde y en sus valores actualizados”.
Recortes
El punto de inflexión surge de las intenciones del Ministerio de Economía –encabezado por Sergio Massa– de cumplir con las metas fiscales impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Esta semana, la cartera le comunicó a la CGT que el Estado le giraría apenas $1500 millones hasta fin de año al Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Ese es el destino de los aportes de trabajadores y empresarios, que luego financian los reintegros de las prestaciones de salud.
Desde el sector gremialista señalan que las prestaciones por discapacidad, los rubros de educación y transporte representan unos $10.000 millones mensuales. Es decir que, aún sin concretar el recorte previsto, el déficit financiero de las obras sociales alcanzaría en diciembre unos $50.000 millones.
Viejo problema
Pese a su gran relevancia a la hora de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades y afecciones en la salud entendida desde una perspectiva integral, los prestadores forman parte de un universo de pésimas condiciones laborales. El promedio de fecha de pagos se ubica entre los 90 y 120 días desde la presentación de la factura, además de ser frecuente la acción de cartas documento para finalmente percibir el dinero por el servicio efectuado. Además de correr con una constante devaluación de los montos por la escalada inflacionaria, quienes trabajan con pacientes con obras sociales que como IOMA y APOS –por fuera de la Superintendencia– perciben valores que rondan los $700 por sesión. Otro gran freno se presenta a la hora de generar los trámites burocráticos para la autorización de las prácticas requeridas por el equipo profesional del paciente.
