Estados Unidos endurece su ofensiva sobre la industria petrolera de Venezuela
NewsITe
Estados Unidos dio un nuevo paso en la escalada por el control del petróleo venezolano al incautar en alta mar dos petroleros vinculados al comercio de crudo del país caribeño, uno de ellos con bandera rusa. La operación, que involucró a la Guardia Costera, a la Armada estadounidense y apoyo del Reino Unido, profundiza la tensión con Moscú y reabre el debate sobre los límites legales de la acción militar y económica de Washington en aguas internacionales.
El buque más relevante, rebautizado Marinera y anteriormente conocido como Bella 1, fue interceptado en el Atlántico Norte, entre Escocia e Islandia, tras semanas de persecución. Según el Pentágono, la embarcación violaba sanciones estadounidenses y formaría parte de una “flota secreta” utilizada para transportar petróleo sancionado desde Venezuela. Fuentes oficiales indicaron que al momento del abordaje el petrolero no llevaba crudo a bordo y que la tripulación no opuso resistencia.
En paralelo, la Guardia Costera detuvo en aguas internacionales del Caribe a un segundo barco, el M Sophia, que navegaba sin bandera válida. De acuerdo con el Comando Sur, el buque será escoltado hasta territorio estadounidense para su “disposición final”. El Departamento del Tesoro ya lo había sancionado en enero de 2025 por su participación en el comercio de petróleo ruso, aunque no existía una orden judicial de incautación similar a la del navío de bandera rusa.
Plan de Washington para controlar el petróleo venezolano
Las incautaciones se producen en medio de un ambicioso plan del gobierno de Donald Trump para tomar el control de las ventas de petróleo de Venezuela, un recurso que constituye el corazón de la economía del país sudamericano. El secretario de Estado, Marco Rubio, delineó una hoja de ruta en tres etapas que arrancaría con la confiscación y venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano, equivalente a cerca de dos meses de producción.
No está claro qué compensación recibiría Venezuela, si la hubiera, por ese volumen de petróleo, valuado entre 1.800 y 3.000 millones de dólares a precios de mercado actuales. Rubio afirmó que Estados Unidos está “a punto de ejecutar un acuerdo para quedarse con todo el petróleo” y que pretende controlar los ingresos generados. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue más explícita al señalar que las decisiones del gobierno interino de Caracas “serán dictadas por Estados Unidos de América”.
El segundo paso del plan apuntaría a abrir el mercado petrolero venezolano a compañías estadounidenses, europeas y de otros países aliados, una reversión drástica de la política de sanciones aplicada desde 2019. Finalmente, se prevé una etapa “de transición” política, aunque la Casa Blanca evitó poner fechas sobre una eventual convocatoria a elecciones en Venezuela.
Tensión con Rusia y cuestionamientos legales
La operación sobre el Marinera generó una dura reacción del gobierno ruso, que denunció la acción estadounidense en aguas internacionales y apeló a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Moscú sostuvo que “ningún Estado tiene derecho a utilizar la fuerza contra buques debidamente registrados” bajo la jurisdicción de otro país y reclamó garantías de “trato humano y digno” para los ciudadanos rusos a bordo.
Reino Unido, por su parte, admitió haber brindado apoyo a la operación con tareas de vigilancia aérea, un buque de apoyo naval y el uso de bases para aeronaves estadounidenses. Autoridades británicas justificaron su participación en las sanciones vigentes contra el petrolero y revelaron que el barco “enarbolaba inicialmente una bandera falsa” y llegó a apagar sus transpondedores durante la persecución para evitar su rastreo.
Mientras tanto, en Washington, legisladores de ambos partidos plantean interrogantes sobre el alcance militar y económico de la estrategia hacia Venezuela. Aunque figuras republicanas como el senador John Cornyn elogiaron la captura del ex presidente Nicolás Maduro y el rol directo de Estados Unidos en la orientación del nuevo gobierno interino, demócratas como Chuck Schumer y Tim Kaine reclamaron más transparencia, información pública y control del Congreso sobre el despliegue de tropas y recursos en la región.
“Necesitamos tener esa influencia y ese control de esas ventas de petróleo para impulsar los cambios que sencillamente deben producirse en Venezuela”, afirmó el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, al justificar que el monitoreo de las exportaciones venezolanas podría prolongarse “indefinidamente”.
Con un bloqueo parcial que desde hace años limita la salida de petroleros desde puertos venezolanos, la nueva ofensiva de Washington refuerza la presión sobre Caracas y abre un escenario de mayor disputa geopolítica, con Rusia como actor central y la industria petrolera venezolana en el centro de la puja.
