La salida del titular de la UIF expuso las tensiones internas por la adecuación de las normas antilavado y dejó a la Argentina en una posición delicada ante el GAFI, que en febrero volverá a evaluar al país y podría avanzar con sanciones.
La salida de Paul Starc de la Unidad de Información Financiera (UIF) expuso una crisis de fondo en la política antilavado de la Argentina y reactivó las alertas por un posible endurecimiento de la postura del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El conflicto se desató en torno a la adecuación de las normas contra el lavado de activos y dejó al país en una posición delicada ante los organismos internacionales de control.
Según publicó La Política Online, Starc enfrentaba presiones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quienes reclamaban acelerar los cambios normativos para permitir la aplicación de la ley de Inocencia Fiscal. Esa iniciativa es considerada clave por el Gobierno para incentivar que los ahorristas blanqueen dólares no declarados.
Desde la propia UIF sostienen que el conflicto se originó porque la Inocencia Fiscal colisiona con la ley de lavado de activos vigente. En ese contexto, Starc se resistió a modificar resoluciones internas debido a la presión directa del GAFI, que observa con atención cualquier flexibilización que pueda debilitar los controles financieros. Esa tensión interna terminó por precipitar su salida del organismo.
El frente externo y la amenaza de sanciones
El trasfondo internacional agrava el escenario. En octubre del año pasado, la Argentina estuvo cerca de ingresar en la denominada “lista gris” del GAFI, una categoría que implica mayores controles y restricciones para el sistema financiero. Si bien el país evitó esa sanción, quedó bajo un régimen de “seguimiento reforzado”, con una serie de recomendaciones que el Gobierno debía cumplir en materia de prevención del lavado.
De acuerdo a fuentes de la UIF citadas por La Política Online, los avances desde entonces fueron escasos. Esa falta de progreso complica la estrategia oficial de cara al plenario que el GAFI realizará en febrero, donde se analizará nuevamente la situación argentina. En el organismo reconocen que será “muy difícil” defender la posición del país en ese encuentro, clave para evitar sanciones que impacten en la credibilidad financiera y en el acceso a los mercados.
A la salida de Starc se sumó la renuncia del director de Coordinación Internacional, Eduardo Nazareno Muñoz, un área central para el vínculo con los organismos externos. Esa vacante, a pocas semanas del plenario, agregó una traba burocrática adicional en un momento crítico.
El problema se profundiza por los cambios reiterados en la representación argentina ante el GAFI. En pocos meses, el país reemplazó por tercera vez a su delegado y el procedimiento formal para designar nuevas autoridades demandará al menos tres semanas. En un contexto de seguimiento internacional, esos tiempos administrativos juegan en contra y refuerzan el riesgo de que el GAFI adopte una postura más dura frente a la Argentina.
La versión oficial y el reemplazo inmediato en la UIF
El Gobierno nacional comunicó formalmente la salida de Paul Starc de la Unidad de Información Financiera a través de una gacetilla del Ministerio de Justicia. En ese mensaje se informó que el funcionario dejó el cargo por “razones personales” y que Ernesto Gaspari asumió de manera inmediata al frente del organismo.
Según consignó La Nación, en la Casa Rosada negaron que la renuncia esté vinculada a diferencias internas por la aplicación de la ley de Inocencia Fiscal, sancionada a fines del año pasado. Desde el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo indicaron además que el exfiscal mantiene su predisposición a colaborar con el oficialismo en tareas de gestión y fortalecimiento institucional, y que su salida fue coordinada con la cúpula del Ministerio de Justicia.
Antes de su alejamiento, Starc cumplió una misión oficial en Washington, donde mantuvo reuniones con autoridades de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), el organismo estadounidense equivalente a la UIF. El viaje tuvo como objetivo un intercambio de información por presuntas maniobras irregulares vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino, causa que es analizada en forma conjunta por la justicia de ambos países.
Durante su gestión, el Poder Ejecutivo también avanzó en una redefinición del rol querellante del organismo antilavado. Mediante el decreto 274/2025, se limitaron las facultades de la UIF para intervenir como parte en causas judiciales por corrupción y lavado de activos. Desde el Ministerio de Justicia sostuvieron que esas modificaciones buscaron adecuar el funcionamiento del organismo a estándares internacionales y destacaron medidas recientes, como el bloqueo preventivo de capitales vinculados a la proliferación de armamento de destrucción masiva.
