El Senado se prepara para una sesión clave con foco en la Justicia y la deuda
NewsITe
El Senado de la Nación se encamina a una sesión cargada de definiciones políticas e institucionales. El Gobierno nacional enviará en las próximas horas una nueva tanda de pliegos de jueces, fiscales y defensores para responder al reclamo de los senadores dialoguistas y destrabar el tratamiento de casi medio centenar de postulaciones ya remitidas al Congreso.
La sesión ordinaria, prevista para este jueves por la tarde, incluirá el ingreso parlamentario de una veintena de nombres que ya fueron enviados por el Poder Ejecutivo y la incorporación de nuevos candidatos, principalmente destinados a cubrir vacantes en el interior del país. Este paquete de designaciones es condición clave para que bloques como la UCR, el PRO y fuerzas provinciales acompañen otras nominaciones para cargos en la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
En la Comisión de Acuerdos, el oficialismo cuenta con solo 5 de los 17 integrantes, por lo que depende del apoyo de los bloques aliados para firmar los dictámenes necesarios. El resto de la comisión se distribuye entre la UCR (3 bancas), el PRO (1), Frente de la Concordia de Misiones (1), Provincias Unidas (1), Primeros los Salteños (1) y Convicción Federal (1), entre otros espacios. La pulseada por los pliegos se convirtió así en una herramienta de presión para federalizar las designaciones y atender las vacantes que se acumulan en juzgados del interior.
Pliegos para el interior y nombres con peso político
Según trascendió en el ámbito parlamentario, el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, trabaja en el envío de candidatos para tribunales de Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta y Tucumán. La movida busca equilibrar la atención entre Capital Federal, el conurbano bonaerense y las provincias, una demanda recurrente de los senadores que representan distritos del interior.
En paralelo, se desarrollarán dos nuevas Audiencias Públicas en las que deberán exponer unos 30 postulantes a la Justicia. Entre ellos figuran nombres con fuerte peso institucional, como Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. La presencia de familiares de altos magistrados vuelve a poner bajo la lupa la trama de vínculos en el Poder Judicial.
Pago a fondos buitres y blindaje de activos argentinos
Otro de los puntos salientes de la sesión será el tratamiento del proyecto que habilita al Gobierno a pagar unos 171 millones de dólares a dos fondos buitres, con el objetivo de cerrar litigios internacionales y evitar embargos sobre activos argentinos, entre ellos acciones de YPF. La iniciativa fue impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, como parte de la estrategia para reducir frentes judiciales en el exterior.
El texto autoriza al Ejecutivo a cancelar acuerdos de conciliación con los tenedores de bonos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Según los términos negociados, se abonarán aproximadamente 67 millones de dólares a Bainbridge y 104 millones al grupo liderado por Attestor, en una operatoria que prevé la entrega de los títulos y su inmediata cancelación.
El Gobierno argumenta que, sin la aprobación parlamentaria, el país podría enfrentar litigios bajo condiciones financieras “significativamente más gravosas” y perder la oportunidad de cerrar de manera integral varias causas abiertas, incluidas demandas vinculadas a TRINITY INVESTMENT. La fecha límite para ejecutar los acuerdos fue extendida hasta el 31 de mayo, por lo que el oficialismo busca un rápido tratamiento en ambas Cámaras.
Regularización de armas y prórroga del programa de entrega voluntaria
El temario de la sesión incluye además el proyecto para convertir en ley un régimen de regularización de armas de fuego y la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y Municiones. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y apunta a ordenar la tenencia legítima, al tiempo que fomenta la reducción del armamento circulante.
El esquema propone un procedimiento ágil y en gran medida virtual para que quienes poseen armas registradas puedan actualizar su Credencial de Legítimo Usuario sin tener que demostrar nuevamente su idoneidad, siempre que la renovación se haga dentro de los 90 días previos al vencimiento. En paralelo, prevé un plazo de 360 días para que personas con armas no autorizadas las presenten ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para su regularización o entrega.
El programa de entrega voluntaria, cuya prórroga se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, permite desprenderse de armas y municiones de forma anónima y sin consecuencias penales, a cambio de un incentivo económico materializado en un cupón canjeable por efectivo. De este modo, el Gobierno busca reducir riesgos de violencia armada y mejorar el control estatal sobre el material bélico, en un contexto de debate permanente sobre seguridad pública.
La sesión del jueves se perfila como un test político para el oficialismo: necesita mostrar capacidad de acuerdo para avanzar en designaciones judiciales, cerrar frentes judiciales externos y consolidar una política de control de armas.
