El Ejecutivo ultima el pliego para vender el control de AySA
NewsITe
El Gobierno de Javier Milei se prepara para dar el puntapié inicial a las privatizaciones contempladas en la Ley Bases. Según fuentes de alto nivel del Poder Ejecutivo, en las próximas semanas se publicará en el Boletín Oficial el pliego para la venta del paquete accionario mayoritario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que presta servicios de agua potable y cloacas a más de 11 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
En la Casa Rosada aseguran que el proceso se encuentra en su tramo final y que el objetivo es que la licitación quede lanzada antes de que termine el primer trimestre del año, con la posibilidad de que el llamado se concrete incluso durante febrero. La compulsa estará dirigida a operadores privados que competirán por la adquisición del control de la compañía, hoy presidida por el ingeniero Alejo Maxit.
El marco legal para avanzar con la privatización quedó fijado con el Decreto 494/2025, que habilitó la venta de la totalidad de las acciones que el Estado nacional posee en AySA, equivalentes al 90% del capital social. El 10% restante se mantiene en manos de los trabajadores, a través del programa de propiedad participada. De acuerdo con voceros oficiales, la licitación prevé que al menos el 51% de las acciones quede en manos de un operador estratégico, que asumirá el control operativo de la firma, mientras que el remanente podrá colocarse en el mercado mediante un esquema de free float.
La supervisión del proceso recae en el Ministerio de Economía y en la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), encabezada por el abogado Diego Chaher. Ambos organismos trabajan junto a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, que conduce María Ibarzábal, en la revisión de los aspectos normativos y contractuales de la operación, con el fin de garantizar condiciones de competencia y seguridad jurídica para los potenciales interesados.
Quiénes pueden competir y cómo quedará regulado el servicio
El Gobierno no limitará la participación exclusivamente a compañías de agua y saneamiento. Podrán presentarse empresas con experiencia comprobada en la gestión de servicios públicos, lo que abre el juego a operadores nacionales e internacionales. Entre los nombres que circularon en el último año figura SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), uno de los mayores prestadores de servicios de agua de Brasil, con una base cercana a los 27 millones de clientes.
En el nuevo esquema, el control del buen desempeño de la futura AySA privatizada estará a cargo del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y de la Agencia de Planificación (APLA). El ERAS tendrá la responsabilidad de monitorear el cuadro tarifario, la calidad del servicio y la atención de reclamos de los usuarios; mientras que APLA se enfocará en la planificación de inversiones, la ampliación de redes y los planes de expansión a mediano y largo plazo.
Como parte de la preparación para la privatización, el Ejecutivo aprobó un Plan de Acción de Transición para el período 2024-2026, que apunta a dejar a la compañía en condiciones operativas y financieras para su desembarco en manos privadas. Ese programa incluye inversiones por unos $753.900 millones destinadas a obras de infraestructura y modernización de redes, y fue acompañado por una reestructuración tarifaria más agresiva que la aplicada en la gestión anterior.
Impacto fiscal, regulatorio y alcance del servicio
De acuerdo con el Monitor de Transferencias de la Administración Nacional a Empresas Públicas, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, entre abril y noviembre el Estado transfirió a AySA $36.600 millones en concepto de aportes de capital para infraestructura. En términos interanuales, esas transferencias mostraron una caída del 91%, reflejo del ajuste sobre el gasto en empresas públicas y del objetivo oficial de reducir el peso de los subsidios en las cuentas fiscales.
Otro paso clave fue el Decreto 805/2025, firmado por Milei y todo su gabinete, que puso en vigencia un nuevo marco regulatorio para AySA. Entre otros cambios, la normativa habilita a la futura concesionaria a disponer cortes de suministro por falta de pago, una medida que busca reforzar la cultura de pago pero que genera preocupación entre organizaciones de usuarios y especialistas en derecho al acceso al agua, por el posible impacto social sobre los sectores más vulnerables.
AySA tiene hoy a su cargo el servicio de agua y cloacas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en una extensa área del conurbano bonaerense que abarca partidos como Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
Con la privatización de AySA, el Gobierno busca reducir el peso de las empresas públicas sobre el déficit fiscal y atraer inversiones privadas para ampliar y modernizar el servicio de agua y saneamiento en el AMBA.
La venta de AySA se inscribe en un paquete más amplio de empresas incluidas en la Ley Bases, entre ellas Belgrano Cargas y Logística, Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). El modo en que avance este primer proceso será una prueba clave para medir el apetito del mercado y la capacidad del Gobierno de Milei para concretar su programa de reforma del sector público.
