La Casa Rosada avanza para tratar la reforma laboral en febrero
NewsITe
El gobierno de Javier Milei comenzó a acelerar las negociaciones para conseguir la aprobación de la reforma laboral durante el segundo tramo de las sesiones extraordinarias de febrero. Mientras se preparan las primeras actividades formales en el Congreso, una intensa ronda de contactos políticos ya está en marcha con gobernadores, senadores y diputados de distintos espacios.
Según fuentes oficiales, la mesa política del oficialismo se reunirá el próximo viernes para terminar de definir la estrategia parlamentaria, en paralelo al trabajo de una comisión técnica en el Senado que revisará las observaciones de la CGT y de las principales entidades empresarias. El objetivo central es destrabar el dictamen ya aprobado a fines del año pasado, que el propio Gobierno reconoce que podría sufrir modificaciones para sumar voluntades.
En la Cámara alta, el oficialismo parte de un piso de 21 votos propios y aliados, por lo que necesita al menos 16 adhesiones adicionales para alcanzar el quórum. En ese escenario, los diez senadores radicales –siete alineados con gobernadores y tres sin referencia directa– aparecen como actores decisivos, junto con una decena de legisladores que responden a mandatarios provinciales de distinto signo político.
La agenda territorial del ministro del Interior, Diego Santilli, refleja esa prioridad: ya visitó Chubut y tiene previsto viajar a Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco. En paralelo, Patricia Bullrich y el titular de Diputados, Martín Menem, trabajan sobre los bloques de ambas cámaras. La ex ministra de Seguridad ya adelantó que el proyecto está “abierto a cambios” y que, al igual que ocurrió con la Ley Bases, se apuntará a introducir modificaciones para alcanzar los votos necesarios.
El mapa de los votos en el Senado
La negociación con los gobernadores es clave para ordenar el tablero. En el radicalismo conviven senadores opositores “sin techo” –como Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger– con otros que mantienen relación directa con sus mandatarios provinciales, entre ellos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi (Corrientes), Carolina Losada y Eduardo Garaletto (Santa Fe), Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza) y Silvana Schneider (Chaco). Todos acompañaron al oficialismo en la aprobación del Presupuesto 2026, lo que alienta la expectativa de un nuevo acuerdo.
También se mira con atención el rol de gobernadores que ya mostraron sintonía con la Casa Rosada, como Ignacio Torres en Chubut, Gustavo Sáenz en Salta o los misioneros alineados con Carlos Rovira, cuyos senadores fueron determinantes en votaciones fiscales recientes. A ese bloque se suman mandatarios peronistas dialoguistas –como Raúl Jalil en Catamarca u Osvaldo Jaldo en Tucumán– y referentes provinciales como Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén), que controlan votos considerados bisagra.
Diputados, tributo y el rol del radicalismo
- En Diputados, el oficialismo cuenta con unos 109 votos seguros entre La Libertad Avanza, el PRO y el MID.
- Necesita al menos 20 voluntades adicionales, que buscará entre gobernadores aliados y sectores dialoguistas de la oposición.
- La UCR ya había impulsado su propia versión de reforma laboral durante el debate de la Ley Bases, con foco en reducir aportes sindicales y crear un fondo de cese laboral.
La principal resistencia de los mandatarios provinciales no pasa tanto por el contenido estrictamente laboral, sino por el capítulo tributario asociado. Los gobernadores advierten que, con la reducción de alícuotas de Ganancias a empresas y la eliminación de tributos sobre seguros, telefonía celular y satelital, bienes suntuarios y vehículos de alta gama, las provincias podrían perder más de un billón de pesos en recursos coparticipables. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe figuran entre las más afectadas.
En los despachos oficiales reconocen que el desenlace de la negociación dependerá de hasta dónde esté dispuesto a ceder el Gobierno en materia fiscal para garantizar la sanción de la reforma laboral.
Mientras tanto, la Casa Rosada busca mostrar que mantiene la iniciativa política y que cuenta con un horizonte parlamentario favorable, aunque todavía atado a acuerdos finos con los gobernadores y al respaldo, al menos parcial, del radicalismo. La discusión de febrero será, en definitiva, un test clave para medir la capacidad del oficialismo de construir mayorías en el Congreso para sus reformas estructurales.
