Tensión entre el Gobierno y la UBA por el presupuesto universitario
NewsITe
El conflicto entre el Gobierno nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA) sumó en las últimas horas un nuevo capítulo, luego de que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusara a la casa de estudios de encabezar una “extorsión política” para concentrar la mayor parte de los recursos destinados a los hospitales universitarios de todo el país.
En declaraciones radiales, el funcionario aseguró que la UBA pretende quedarse con unos 75.000 millones de pesos del fondo anual asignado al sistema de salud universitaria, lo que –según su planteo– equivaldría al 95% del total disponible. “Para todos los hospitales universitarios del país pretenden dejar apenas 4.000 millones”, cuestionó, al señalar que otras instituciones, como la Universidad Nacional de Cuyo, ya solicitaron partidas específicas cercanas a los 2.400 millones de pesos.
Las críticas de Álvarez se produjeron luego de que la UBA denunciara falta de transferencias para el Hospital de Clínicas y advirtiera sobre riesgos en la atención de pacientes. El subsecretario rechazó de plano esa versión y afirmó que las partidas se enviaron “en tiempo y forma”. “Publiqué todas las transferencias hechas y les dije a los médicos que tienen que reclamarle al rectorado, porque nosotros ya hicimos los giros”, sostuvo.
Fondo extraordinario y disputa por la ejecución
El funcionario explicó que el presupuesto universitario se compone de fondos corrientes, que se transfieren mensualmente a cada universidad, y de un fondo extraordinario anual de 80.000 millones de pesos destinado exclusivamente al área de salud. Según su explicación, la discusión central pasa por cómo y cuándo se distribuyen esos recursos adicionales.
De acuerdo con la versión oficial, la UBA reclama que casi la totalidad de ese fondo se ejecute en los primeros meses del año, lo que en la práctica significaría –según Álvarez– “duplicar el presupuesto de salud” de la institución por encima de lo previsto. En ese contexto, acusó a las autoridades universitarias de apelar a la sensibilidad social que genera la situación sanitaria para presionar al Ejecutivo. “Sacan a los médicos a la calle, hablan de pacientes oncológicos sin atención y generan pánico para extorsionar al Gobierno”, señaló.
Auditorías, política y debate sobre el sistema universitario
La controversia también quedó atravesada por cuestionamientos al control del uso de los fondos públicos. Álvarez insistió en que corresponde que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realice auditorías internas en las universidades nacionales y reprochó que la UBA mantenga una disputa judicial para limitar ese tipo de revisiones, aceptando solo controles posteriores de la Auditoría General de la Nación (AGN).
“La ley es clarísima: la auditoría interna corresponde a la SIGEN y la externa a la AGN. Si están manejando bien las cuentas públicas, ¿por qué se niegan a ser auditados?”, planteó el subsecretario, que además apuntó directamente contra el vicerrector Emiliano Yacobitti, a quien vinculó con intereses políticos ajenos a las prioridades educativas y sanitarias.
Matrícula, graduados y estudiantes extranjeros en la mira
Álvarez aprovechó la discusión presupuestaria para reclamar una revisión de todo el esquema de financiamiento del sistema universitario. Indicó que el reparto actual de fondos carece de parámetros objetivos y que históricamente respondió a “lobbies” y acuerdos políticos en el Congreso, por lo que el Gobierno propone anclar la distribución en indicadores concretos, como cantidad real de alumnos, tasa de graduación, infraestructura y costos operativos.
- Sostuvo que el 40% de la matrícula universitaria no rindió exámenes en los últimos dos años, lo que obligó a depurar estadísticas y detectar casos de alumnos duplicados.
- Indicó que la tasa de graduación de la UBA rondaría el 30%, por debajo de los estándares internacionales que el Gobierno considera deseables.
- Cuestionó el financiamiento estatal de estudiantes extranjeros en carreras de alta complejidad, como Medicina, donde, según afirmó, alrededor de la mitad de la matrícula corresponde a ciudadanos de otros países.
En esa línea, el subsecretario destacó que se modificó el sistema de residencias médicas para priorizar a quienes cursaron sus estudios en universidades argentinas, argumentando que no todos los títulos extranjeros cuentan con acreditaciones equivalentes.
“La misión principal es enseñar, aprender y generar graduados de calidad”, remarcó Álvarez, al defender la necesidad de “ordenar prioridades” dentro del sistema universitario y transparentar el uso de los fondos públicos.
Mientras tanto, la UBA sostiene su reclamo por más recursos para el Hospital de Clínicas y otras unidades asistenciales, en un enfrentamiento que promete continuar en los despachos oficiales y en los tribunales, y que se da en medio de un debate más amplio sobre el futuro de la universidad pública en la Argentina.
