Reordenamiento interno en la Casa Rosada.
El Poder Ejecutivo nacional avanzó con una profunda reestructuración en la Jefatura de Gabinete de Ministros, que implica el traspaso de áreas jurídicas clave y una mayor centralización de la comunicación gubernamental bajo la órbita de Manuel Adorni. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 269/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Según el nuevo esquema, la Dirección General de Asuntos Jurídicos deja de depender de la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei, y pasa a integrarse a la estructura de la Jefatura de Gabinete. El objetivo oficial es unificar la gestión legal y administrativa, mejorar el control de los procesos internos y ordenar el vínculo con la prensa y la opinión pública.
La norma también amplía las funciones de la Unidad Gabinete de Asesores, que asumirá un rol central en la coordinación de la comunicación institucional y en la planificación de la difusión de contenidos de todas las áreas que dependen de la Jefatura. De esta manera, la estrategia comunicacional del Gobierno tenderá a concentrarse en una mesa de decisión más acotada.
Cambios en secretarías estratégicas y enfoque tecnológico
El decreto redefine los objetivos y alcances de secretarías consideradas sensibles para el diseño de políticas públicas: Asuntos Estratégicos, Innovación, Ciencia y Tecnología, y Comunicación y Prensa. Esta última tendrá control directo sobre las subsecretarías de Medios Públicos y de Actos de Gobierno, reforzando el peso político de la oficina que coordina mensajes, discursos y eventos oficiales.
Uno de los ejes centrales de la reestructuración es la modernización tecnológica del Estado nacional. Las áreas de Innovación deberán involucrarse activamente en la protección de infraestructuras críticas y en políticas de ciberseguridad, así como en la elaboración de marcos regulatorios para el uso de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, blockchain e internet de las cosas (IoT) en el sector público.
- Mayor centralización en la toma de decisiones jurídicas y comunicacionales.
- Redefinición de funciones en secretarías vinculadas a innovación y tecnología.
- Impulso a regulaciones para IA, blockchain e IoT en la administración pública.
El decreto también prevé la actualización de los objetivos operativos de organismos descentralizados y la aprobación de nuevas estructuras de primer y segundo nivel. Con estos cambios, el Gobierno busca fortalecer el control político sobre las áreas jurídicas y de comunicación, al tiempo que procura dar una señal de modernización y eficiencia administrativa hacia el interior del Estado.
