La iniciativa busca actualizar la normativa vigente, mejorar la respuesta del sistema sanitario y reducir desigualdades entre provincias. Incluye cambios en diagnósticos, internaciones y estructura de atención.
El Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental, con el objetivo de actualizar el marco normativo vigente y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante situaciones de riesgo.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó que la iniciativa será presentada de manera inminente. Según reconstruyó Infobae a partir de fuentes del Ministerio de Salud, la reforma apunta a establecer criterios más claros, precisos y adaptados a la realidad de cada jurisdicción.
El proyecto busca, además, “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”, en un contexto donde se detectaron dificultades concretas en la aplicación de la normativa actual.
El relevamiento previo incluyó aportes de familiares, pacientes, profesionales de la salud mental y actores judiciales y legislativos. Ese diagnóstico permitió identificar problemas estructurales en la implementación de la ley vigente, especialmente vinculados a la falta de uniformidad en su aplicación.
De acuerdo con datos relevados por Infobae, solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la normativa actual, mientras que 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación. Esta disparidad genera diferencias en el acceso a la atención en todo el país.
En ese marco, la iniciativa plantea redefinir conceptos clave y establecer herramientas que permitan intervenir con mayor rapidez en casos de emergencia o riesgo, incorporando evaluaciones más integrales que contemplen antecedentes y contexto.
Cambios en diagnósticos, riesgo e internaciones
Entre las modificaciones centrales, el proyecto propone reemplazar el término “padecimiento mental” por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, con el fin de lograr mayor precisión diagnóstica. Según indicaron a Infobae, se incorporará el concepto de trastornos mentales o del comportamiento como eje rector.
También se redefinirá el criterio de riesgo, que pasará a centrarse en situaciones de posible daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. Este cambio permitirá habilitar intervenciones preventivas con base en una evaluación más completa del contexto.
En relación con las internaciones, el proyecto mantiene su carácter excepcional, aunque introduce modificaciones en los procedimientos. En casos urgentes, el médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas.
Además, el plazo para la notificación judicial se ampliará de diez a veinticuatro horas. En situaciones de internación voluntaria, si el paciente solicita el alta y se considera que su capacidad está comprometida, el proceso podrá reconvertirse en involuntario con intervención de la Justicia.
La iniciativa también reconoce limitaciones en la implementación del modelo de desmanicomialización impulsado por la ley vigente. Actualmente existen 30 instituciones públicas monovalentes y al menos 139 privadas, lo que evidencia la persistencia de dispositivos especializados.
Frente a ese escenario, el proyecto propone consolidar una red de atención en salud mental organizada por niveles de complejidad, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas.
Asimismo, se plantea fortalecer los sistemas de información, en particular el Registro Nacional de Personas Internadas por motivos de Salud Mental (RESAM) y el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES), con el objetivo de mejorar la planificación y el conocimiento de los recursos disponibles.
Los 10 puntos clave del nuevo proyecto de ley
El proyecto impulsado por el Ministerio de Salud contempla una serie de ejes centrales que estructuran la reforma de la normativa vigente:
- Actualización integral de la Ley de Salud Mental sancionada en 2010.
- Incorporación de aportes de familiares, pacientes y profesionales para su elaboración.
- Corrección de desigualdades en el acceso a la atención entre provincias.
- Reemplazo del concepto “padecimiento mental” por criterios basados en clasificaciones internacionales.
- Redefinición del criterio de riesgo, centrado en el daño potencial a la vida o integridad física.
- Modificación de los procedimientos de internación, con mayor intervención médica en urgencias.
- Reconocimiento de limitaciones en el cierre de hospitales psiquiátricos.
- Desarrollo de una red de atención escalonada según complejidad.
- Fortalecimiento de sistemas de información como RESAM y REFES.
- Mayor participación técnica del Ministerio de Salud en los órganos de control.
Antecedentes y debate sobre la ley vigente
La reforma se inscribe en un proceso que el Gobierno nacional ya había anticipado. En diciembre de 2025, Infobae informó que el Ejecutivo evaluaba impulsar cambios durante el período legislativo de 2026.
En ese momento, se analizaba modificar artículos vinculados a las internaciones involuntarias, incluyendo la posibilidad de que jueces autoricen hospitalizaciones en determinados casos.
La iniciativa responde a planteos de familias, profesionales y sectores vinculados a la seguridad, que señalaron dificultades en la aplicación de la Ley 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013.
Entre los testimonios que impulsaron el debate se encuentra el de Marina Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier, quien expuso en el Congreso cuestionamientos al enfoque actual.
“La Ley Nacional de Salud Mental fue creada en 2010 sin la consulta de psiquiatras ni universidades. No aborda la realidad de las familias que sufren estas enfermedades”, expresó. También señaló que el presupuesto destinado al área resulta insuficiente.
El nuevo proyecto buscará, en ese contexto, introducir cambios estructurales que permitan una implementación más efectiva del sistema de salud mental en todo el país, con criterios unificados y herramientas más operativas para situaciones críticas.
