La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó la resolución que establece esta obligación sin remuneración.
El Gobierno Nacional implementó una medida que exige a todos los internos de cárceles federales realizar tareas de limpieza y mantenimiento. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó la resolución que establece esta obligación sin remuneración. La norma busca reducir la ociosidad y fomentar la responsabilidad en los reclusos.
Tareas obligatorias en todas las cárceles federales
La resolución incluye a los 12 mil internos alojados en los 31 penales del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Este grupo abarca a procesados, condenados y personas catalogadas como de alta peligrosidad o responsables de delitos de lesa humanidad. Los detenidos deben limpiar y mantener celdas, pabellones, patios y otros espacios comunes durante un máximo de cinco horas diarias. El SPF proveerá los materiales necesarios para estas labores.
Bullrich explicó que esta medida forma parte del programa “Manos a la Obra”. Este plan busca transformar la dinámica en los penales y reforzar el compromiso de los reclusos con la sociedad. El objetivo es erradicar la “cultura tumbera” y fomentar hábitos de orden y trabajo como base para la reinserción social.
Sanciones por incumplimiento y objetivos del programa
Los presos que no cumplan con estas tareas enfrentarán sanciones. Según Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios, las consecuencias incluyen la pérdida de beneficios como cambios de celdas o asignaciones remuneradas. “El trabajo obligatorio no tiene que ver con las visitas ni con otros derechos fundamentales”, aclaró.
El programa también se apoya en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que exige que las cárceles sean “sanas y limpias”. Según Curi, el mantenimiento de los espacios es una responsabilidad tanto del Estado como de los internos. Además, destacó que estas tareas no se consideran trabajo, sino una obligación para garantizar la convivencia y el orden.
Debate y críticas a la medida
La iniciativa generó opiniones divididas. Algunos sectores la ven como una estrategia necesaria para imponer disciplina en los penales y reducir la violencia. Otros la critican por obligar a los internos a trabajar sin recibir compensación. A pesar de las críticas, el Gobierno defiende la resolución como un paso clave hacia un sistema penitenciario más funcional y orientado a la reinserción.
“El objetivo es que los presos asuman su responsabilidad individual y entiendan la gravedad de sus actos”, afirmó Curi. La medida busca transformar el tiempo en prisión en una experiencia que fomente el compromiso con las normas sociales, reduciendo la reincidencia delictiva.
