El Gobierno respondió a la nueva Marcha Federal Universitaria
NewsITe
El Gobierno nacional salió al cruce de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que este domingo volvió a llenar las calles con reclamos por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la administración de Javier Milei calificaron a la movilización de «opositora» y rechazaron las denuncias de rectores, docentes y estudiantes por supuesta falta de pago y desfinanciamiento del sistema público de educación superior.
En un comunicado difundido por La Libertad Avanza (LLA), el oficialismo acusó a los organizadores de intentar «instalar» en la opinión pública la idea de que el Gobierno busca recortar los recursos de las universidades nacionales o incluso avanzar hacia su cierre. Según la versión oficial, esas afirmaciones no sólo son falsas, sino que responden a una estrategia política de sectores que se oponen al rumbo económico del Poder Ejecutivo.
«El Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento», sostuvieron desde LLA. Además, remarcaron que en el Presupuesto 2026 la partida destinada al sistema universitario ascendería a 4,8 billones de pesos, cifra que el Ejecutivo exhibe como prueba de que no hay intención de desfinanciar el área.
En la misma línea, el comunicado oficial comparó la situación actual con lo ocurrido durante la gestión de Alberto Fernández. Según el texto, durante el gobierno anterior los fondos se giraban «hasta con cuatro meses de atraso» en un contexto de inflación anual del 211,4%. En contraste, destacaron que ahora los pagos se realizan de manera mensual, con una inflación anual estimada por el oficialismo en torno al 31,5%, por lo que consideran que el escenario es «sustancialmente más favorable» para las casas de estudio.
La Ley de Financiamiento y la pulseada por el presupuesto
Otro de los puntos centrales del documento del Gobierno se refiere a la Ley de Financiamiento Universitario, eje del reclamo de las comunidades académicas de todo el país. La administración Milei subrayó que la norma «nació suspendida en su ejecución» a partir de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto N° 24.629, ya que el Congreso no definió cuáles serían las fuentes de recursos para cubrir el gasto que implica su plena implementación.
De acuerdo con el cálculo oficial, poner en marcha completamente la ley representaría un desembolso de alrededor de 1,9 billones de pesos adicionales. En este contexto, el Ejecutivo argumenta que no puede avanzar con ese nivel de expansión del gasto sin comprometer la meta de equilibrio fiscal, convertida en una de las banderas centrales del programa económico de Milei.
- El Gobierno afirma que cumple con los giros mensuales a las universidades nacionales.
- Las autoridades universitarias reclaman la ejecución plena de la Ley de Financiamiento.
- La discusión se da en medio de un fuerte ajuste del gasto público y alta inflación.
«El Presidente y su equipo no van a salirse del compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal», enfatizó el comunicado, al rechazar cualquier incremento del presupuesto universitario que implique nuevos impuestos o mayor emisión monetaria.
Mientras tanto, sindicatos docentes, centros de estudiantes y rectores advierten que el aumento de costos en servicios, salarios y mantenimiento pone en riesgo el normal funcionamiento de las universidades públicas. La tensión entre las necesidades del sistema educativo y el ajuste fiscal promete seguir en el centro de la agenda política, en un país donde la educación superior gratuita sigue siendo un emblema y un motivo de orgullo para amplios sectores de la sociedad.
