Disputa en el Senado por el reparto federal de cargos judiciales
NewsITe
El Senado de la Nación acumula ya cerca de 50 candidatos a jueces, fiscales y defensores que expusieron en Audiencias Públicas, pero sus pliegos siguen sin poder llegar al recinto. La razón no es técnica sino política: bloques dialoguistas aliados al oficialismo se niegan a firmar los dictámenes hasta que se incluyan postulantes del interior del país y no solo de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con fuentes parlamentarias, los dictámenes que se pusieron a la firma en las últimas tres jornadas de comisión no alcanzaron las 9 rúbricas necesarias para habilitar el tratamiento en sesión ordinaria. Legisladores cercanos al PRO y a la UCR encabezan el reclamo para que el esquema de designaciones tenga un criterio más federal.
“No vamos a firmar los dictámenes hasta que no ingresen los pliegos de los jueces del interior del país”, advirtieron a Noticias Argentinas voceros legislativos. Entre quienes aún no acompañaron los despachos figuran el titular del bloque macrista, Martín Goerling Lara, y el radical Maximiliano Abad, lo que deja al oficialismo sin los números necesarios para avanzar.
Audiencias públicas y presencia de la ‘familia judicial’
Mientras tanto, el cronograma de Audiencias Públicas sigue en marcha. Para completar esta primera tanda restan las reuniones previstas para el miércoles 13 y el jueves 14, en las que se presentarán otros 30 candidatos. Entre ellos aparecen apellidos de peso dentro de la llamada “familia judicial”, fenómeno que vuelve a poner en debate la influencia de vínculos y trayectorias familiares en la cobertura de cargos clave.
La próxima semana deberán responder preguntas de los senadores, entre otros, Emilio Rosatti –hijo del presidente de la Corte Suprema–, Jorge Rosetti, Laureano Durán –hijo del ex camarista Alberto Durán– y Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la investigación por la presunta megaestafa Libra. Estas postulaciones concentran especial atención por el impacto que podrían tener en causas sensibles.
Postulantes en foco y descargos ante los senadores
En la tercera Audiencia Pública ya expusieron, entre otros, Nicolás Pacilio, hijo del ex camarista Antonio Pacilio, propuesto para integrar la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 1 de la Capital Federal. Pacilio destacó la importancia del trabajo en equipo en la Justicia y subrayó la enorme responsabilidad que implica decidir sobre la culpabilidad o inocencia de una persona.
También se presentó Juan Pablo Moldes, hijo del ex fiscal Germán Moldes, candidato a un Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico. El postulante defendió su trayectoria y remarcó que su objetivo es alcanzar “la mejor respuesta posible” a los conflictos a través de la conducción de equipos de trabajo, contemplando las particularidades de cada integrante del fuero.
Otro de los expositores fue Pablo Wilk, secretario del juez federal de Quilmes Luis Armella, impulsado para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de La Plata. Wilk describió la complejidad del tribunal, que recibe causas penales de siete juzgados federales y tramita expedientes con imputados detenidos, juicios en curso y controles de ejecución de condenas. Su nombre fue mencionado en la causa conocida como “Gestapo antisindical”, hecho que sobrevoló la discusión.
Impunación por presunto vínculo con el ministro de Justicia
Durante la jornada también expuso el abogado Jorge Djivaris, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. El candidato llegó a la audiencia con una impugnación en su contra, en la que se lo señalaba como familiar del ministro de Justicia, Juan Mahiques.
Consultado al respecto por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, Djivaris –ex secretario de Justicia porteño durante la gestión macrista– negó tajantemente el vínculo. “No soy, ni fui familiar de ningún ministro de Justicia”, respondió. A pedido de Bullrich, quedó asentado en el acta que la acusación carecía de sustento, en línea con el reclamo de que las impugnaciones se basen en datos verificables.
El estancamiento de los pliegos refleja una doble tensión: por un lado, la puja por un reparto más federal de cargos judiciales; por otro, el escrutinio político sobre lazos familiares y antecedentes de los candidatos.
Con el reclamo de los bloques dialoguistas todavía sin saldar y un cronograma de audiencias que recién se completará a mediados de mes, en el Senado estiman que el tratamiento en el recinto de esta primera tanda de casi 50 pliegos podría postergarse al menos hasta fin de mes. El desenlace dependerá de si el oficialismo introduce postulaciones del interior que destraben el conflicto y permitan avanzar en la cobertura de vacantes en el Poder Judicial.
