Internaciones no voluntarias y adicciones en el centro de la discusión
NewsITe
El Senado de la Nación abrirá este miércoles, a partir de las 16.30, el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental enviado por el Gobierno nacional. La iniciativa introduce cambios de alto impacto en el sistema, entre ellos la autorización de internaciones no voluntarias y la incorporación explícita de las adicciones al alcohol y a las drogas como enfermedades de salud mental.
El debate se llevará adelante en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General. La Comisión de Salud se constituirá formalmente ese mismo día y designará como presidenta a la senadora de La Libertad Avanza Ivanna Marcela Arrascaeta, mientras que Legislación General ya es presidida por la libertaria neuquina Nadia Márquez. Se espera la participación de especialistas, familiares de pacientes y organizaciones del sector.
Familiares de personas con consumos problemáticos ven en esta reforma una respuesta a un reclamo histórico: sostienen que la normativa vigente, aprobada en 2010, resulta insuficiente para garantizar tratamientos oportunos y eficaces. En contraposición, organizaciones de derechos humanos y sectores vinculados al kirchnerismo advierten sobre el riesgo de retrocesos en materia de garantías y protección de las personas con padecimientos mentales.
Adicciones como parte de la salud mental
El proyecto establece de manera taxativa que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Plantea que el uso, abuso o adicción al consumo de sustancias, legales o ilegales, debe tratarse considerando la singularidad de cada persona y el momento del consumo, garantizando en todos los casos el respeto de los derechos y garantías reconocidos por la ley.
La iniciativa busca que el Estado disponga dispositivos específicos, tanto ambulatorios como de internación, para el abordaje de los consumos problemáticos. De esta manera, el consumo de sustancias pasa a integrar de forma explícita las estrategias oficiales de salud mental, con la posibilidad de desarrollar redes de atención especializadas y mayor articulación con familias y comunidades.
Internaciones no voluntarias y nuevo criterio de riesgo
Uno de los ejes centrales de la reforma es la flexibilización de los criterios de internación. El proyecto reemplaza el concepto de “riesgo cierto e inminente” por el de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Bajo este nuevo marco, se habilita la internación no voluntaria en casos fundados, siempre como medida excepcional.
La norma ratifica que la internación debe ser el último recurso terapéutico, a utilizarse solo cuando resulte más beneficiosa que las intervenciones posibles en el entorno familiar, comunitario o social. También dispone que se promueva, en la medida de lo posible, el mantenimiento de los vínculos familiares, laborales y sociales durante el tratamiento, salvo excepciones debidamente justificadas por el equipo de salud.
Mayor centralidad del criterio médico
- La reforma otorga un rol más preponderante a la mirada técnico-médica, en especial a los psiquiatras, dentro de los equipos interdisciplinarios.
- Se exige la presencia obligatoria de un médico psiquiatra en la atención, manteniendo la intervención de otros profesionales.
- La evaluación médica tendrá mayor peso en diagnósticos, definición de tratamientos e indicación de internaciones, incluidos los casos no voluntarios.
- Las internaciones no voluntarias solo podrán aplicarse cuando exista una situación de riesgo grave para la propia persona o para terceros.
- La autoridad de aplicación quedará facultada para definir dispositivos específicos para el abordaje de las adicciones, tanto en forma ambulatoria como en modalidad de internación.
La discusión en el Senado se da en un escenario de fuerte tensión entre el reclamo de familias afectadas por las adicciones y las advertencias de organismos de derechos humanos sobre posibles vulneraciones de garantías.
El plenario de comisiones marcará el inicio formal de un debate que promete ser intenso y atravesar líneas partidarias. De su resolución dependerá el nuevo marco normativo para el abordaje de la salud mental y las adicciones en la Argentina, un terreno donde se cruzan la urgencia sanitaria, las demandas sociales y la protección de los derechos humanos.
