El espacio HECHOS presentó un informe técnico-jurídico en el Concejo Deliberante y sostuvo que el acuerdo con Ternium es ilegal, rompe la igualdad tributaria y excede las facultades del Ejecutivo municipal.
El bloque Hechos presentó un extenso informe técnico-jurídico para fundamentar su rechazo al convenio firmado entre la Municipalidad de Ramallo y la empresa Ternium Argentina S.A., destinado a regularizar deudas por la Tasa de Seguridad e Higiene y fijar pautas tributarias para los próximos años.
El documento fue elevado a las comisiones del Concejo Deliberante de Ramallo y lleva la firma del bloque que preside Cecilia Giammaria. En él, los concejales sostienen que el acuerdo es “jurídicamente inadmisible” y advierten que vulnera principios básicos del sistema tributario municipal.
En primer término, el informe reconoce la necesidad de resolver conflictos judiciales y garantizar previsibilidad tanto al Municipio como a las empresas. Sin embargo, aclara que esos objetivos no pueden alcanzarse “violando la legalidad ni afectando la igualdad ante la ley”. Según el bloque, el convenio no se limita a regularizar una deuda, sino que crea un régimen fiscal particular para un contribuyente específico.
Entre los puntos centrales, los ediles cuestionan que el acuerdo fije montos tributarios para períodos futuros, establezca una base imponible “estimada” y otorgue efectos liberatorios respecto de obligaciones venideras. A su entender, esto reemplaza el sistema general previsto en el Código Tributario por un esquema negociado entre partes, lo cual está vedado por el ordenamiento jurídico.
El informe también advierte sobre la violación del principio de legalidad tributaria, que establece que los tributos solo pueden ser creados o modificados mediante ordenanzas generales. En ese sentido, remarcan que “la base imponible y el monto del tributo no pueden ser objeto de negociación individual”, y que el convenio sustituye la ley por un contrato.
Otro eje del planteo es la supuesta ruptura del principio de igualdad. Para el bloque, el acuerdo otorga un privilegio fiscal a una empresa en detrimento del resto de los contribuyentes —comerciantes, pymes, profesionales y vecinos— que continúan sometidos al régimen general sin posibilidad de negociación.
Además, señalan que el crédito fiscal municipal es “indisponible” y no puede ser reducido ni comprometido discrecionalmente por el Ejecutivo. En ese marco, cuestionan que se renuncie de manera anticipada a futuras determinaciones tributarias, afectando el patrimonio del Estado local.
El documento también apunta contra el accionar del Ejecutivo, encabezado por Mauro David Poletti, al considerar que excedió sus facultades al comprometer ejercicios fiscales futuros. Sostienen que una eventual convalidación legislativa no subsana los vicios de origen del convenio.
En relación con el rol del Concejo, el bloque advierte que la aprobación podría comprometer la responsabilidad institucional de los ediles y generar observaciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, además de habilitar eventuales acciones judiciales de nulidad.
Tras presentar el informe, los concejales de Hechos decidieron no asistir a la sesión extraordinaria. Según explicaron, no hubo un verdadero proceso de debate y el tratamiento del convenio se realizó “a las apuradas”, en menos de 24 horas. Denunciaron que el acuerdo se negoció en una “mesa chica” sin participación del cuerpo legislativo, y que luego se pretendió una convalidación automática.
“Una cosa es debatir y otra es convalidar una negociación cerrada”, señalaron. Afirmaron que su ausencia fue un acto de responsabilidad y no de desinterés, y remarcaron que dejaron asentadas todas sus objeciones en comisión.
Pese a sus críticas, desde el bloque manifestaron que esperan que los recursos generados por el convenio se traduzcan en obras y mejoras para los vecinos. “Si al Municipio le va bien, a Ramallo nos va bien a todos”, expresaron, aunque insistieron en que el procedimiento elegido no fue el adecuado.
