El Gobierno de Javier Milei oficializó el proceso y referentes del sector nuclear advierten sobre la pérdida de un patrimonio estratégico
El Gobierno nacional oficializó este martes el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), empresa estatal encargada de la generación de energía nuclear. La medida, dispuesta por el Decreto 695/2025, combina la venta de acciones a inversores privados y un Programa de Propiedad Participada, aunque el Estado mantendrá la mayoría accionaria.
Críticas desde el sector nuclear
La decisión generó fuerte rechazo en exautoridades y especialistas del área. Adriana Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y candidata a diputada por Fuerza Patria, afirmó: “El Gobierno autorizó el procedimiento para privatizar Nucleoeléctrica, argumentando que la administración estatal es ineficiente. Mentira: la empresa es superavitaria y Argentina es uno de los países con mayor desarrollo en tecnología nuclear”.
Según Serquis, la privatización responde a la necesidad de “conseguir un par de dólares” para sostener la macroeconomía a corto plazo, a costa de “70 años de desarrollo nacional”. En la misma línea, el exvicepresidente de la CNEA, Diego Hurtado, sostuvo que se trata de “un gobierno fallido” que “sigue entregando bienes públicos”.
El rol estratégico de la empresa
José Luis Antúnez, expresidente de NASA, calificó la decisión como “innecesaria” y la consideró “un atentado al patrimonio nacional”. Destacó que la empresa no solo opera las centrales, sino que también diseña, posee parte del ciclo de combustibles y administra instalaciones clave como Atucha II y Embalse.
Durante un encuentro organizado por la secretaría de Energía del Partido Justicialista, Antúnez propuso retomar el plan elaborado en 2021 y avanzar con la construcción de un “proyecto nacional” para consolidar la capacidad nuclear argentina.
El esquema de privatización
Con el nuevo marco, se venderá el 44% de las acciones de NASA a través de licitación pública nacional e internacional. Además, se implementará un Programa de Propiedad Participada del 5%, destinado a trabajadores. El Estado nacional y la CNEA conservarán el 51% de las acciones, lo que asegura la mayoría accionaria.
Actualmente, la compañía está controlada en un 79% por el Estado, un 20% por la CNEA y un 1% por Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA). El Gobierno sostiene que la incorporación de capital privado permitirá fortalecer la competitividad, aunque las críticas apuntan a que se trata de una entrega de un sector estratégico para el desarrollo nacional.
