Nutricionistas locales indicaron a EL NORTE que la obra social acreditó tarde los pagos de septiembre, y que recién ayer hizo lo propio con los de diciembre, en un contexto de incertidumbre y falta de real reconocimiento de las prestaciones. Los efectores de discapacidad se manifiestan en el mismo sentido, y notan que, a pesar de la ley de emergencia, los aranceles son insuficientes. Algunas farmacias de San Nicolás definieron que el panorama con PAMI es ‘complicado’. “Los pagos están atrasadísimos”, dijeron.
De la Redacción de EL NORTE
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Prestadores de salud y vinculados a discapacidad –entre ellos, nutricionistas– denuncian atrasos en los pagos, aranceles desactualizados y demoras en las liquidaciones por parte de PAMI. Se trata de un escenario que, de no revertirse, amenaza con impactar en la atención de los afiliados y profundizarse en las próximas semanas.
El conflicto involucra a distintos sectores del sistema prestacional que trabajan con la obra social de jubilados y pensionados. Mientras el organismo, a nivel central, asegura que mantiene los pagos al día en rubros como médicos, otros prestadores clave denuncian atrasos acumulados en honorarios y prestaciones. En varios casos, manifiestan que este mes no recibieron ningún pago, algo que califican como una situación inédita en los últimos años.
Nutricionistas y farmacias
“Los licenciados en Nutrición prestadores de PAMI enfrentamos hoy una situación crítica. Nuestro contrato estipula un pago a los 90 días de realizada la consulta, un plazo que ya de por sí resulta excesivo en un contexto inflacionario. Sin embargo, en los últimos meses, este plazo se ha extendido de manera irregular, sumado a que los aranceles no se mantienen a la par de los aumentos reales del costo de vida. Es fundamental desmitificar nuestro rol: nuestra labor no se limita a ‘dietas estéticas’. Somos quienes autorizamos suplementos vitales para pacientes con patologías graves que no pueden alimentarse por sus propios medios y tratamos enfermedades complejas en adultos mayores y personas con discapacidad. Estamos hablando del eslabón más vulnerable de nuestra sociedad. Como profesionales autónomos con contratos individuales, nos encontramos en una posición de gran desprotección: si no atendemos, no cobramos; pero hoy, aunque trabajemos, tampoco percibimos nuestros honorarios en tiempo y forma. Venimos realizando reclamos formales ante PAMI y la única respuesta que recibimos es que desde Nación no se liberan los pagos ni se brindan explicaciones. Finalmente, ayer acreditaron lo demorado, pero no sabemos si habrá otro pago este mes”, explicaron a EL NORTE.
Especialistas en nutrición de nuestra ciudad expresaron, por ejemplo, que lo trabajado en septiembre debió acreditarse en noviembre, pero recién lo percibieron a mediados de diciembre. Asimismo, precisaron que el mínimo ético dictado por el Colegio de la provincia de Buenos Aires es de 25.500 pesos y PAMI paga actualmente alrededor de 15.000.
Algunas farmacias de San Nicolás manifestaron a este medio que el panorama con PAMI es ‘complicado’. “Los pagos están atrasadísimos”, dijeron. El sector advierte que debe pagar semanalmente a las droguerías para lograr reponer los medicamentos, lo que muchas veces resiente toda la cadena.
“Esta situación es inédita: estar condicionados por la falta de pago de la obra social más grande del país y otras obras sociales. Eso afecta el circuito de pago”, analizaron.
Discapacidad en emergencia
En el sector de discapacidad, la situación se agudiza debido a la implementación de la ley de emergencia, que comenzó a aplicarse aunque resulta ‘insuficiente’. Tanto es así que, durante la jornada de hoy –y con continuidad el miércoles y jueves de la semana próxima–, llevarán a cabo una medida de fuerza que, en principio, no afectaría los servicios locales.
Según señalaron desde estas organizaciones, ante la falta de respuestas del Gobierno nacional, convocaron a un cese de actividades con el objetivo de “visibilizar una crisis que se profundiza y que requiere respuestas urgentes”. Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad sostuvieron que la alarmante situación tiene como causa la falta de pago de PAMI, Incluir Salud y obras sociales nacionales, sumada al retraso en la actualización de los aranceles, que “resultan insuficientes frente al aumento sostenido de los costos reales de funcionamiento”, advirtieron.
“Las instituciones que brindan prestaciones, apoyos y servicios esenciales para personas con discapacidad vienen sosteniendo su tarea en condiciones cada vez más difíciles, afrontando gastos de personal, transporte, alimentación, insumos y funcionamiento general con valores atrasados y, en muchos casos, con prestaciones ya realizadas que aún no han sido abonadas. Esta situación pone en riesgo la continuidad de las prestaciones y afecta de manera directa no solo a las instituciones, sino también a los trabajadores, a las familias y, fundamentalmente, a las personas con discapacidad que dependen cotidianamente de estos servicios y apoyos”, señalaron.
“En discapacidad sigue todo prácticamente igual en relación con el escenario anterior de la ley, no se cortaron los pagos, pero son insuficientes, y hay varias cuestiones que afectan nuestra labor. IOMA tampoco viene pagando regularmente”, indicaron prestadores de nuestra ciudad en diálogo con EL NORTE.
