La Corte Suprema dejó firme una condena por tuits difamatorios
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó una sentencia contra la intendenta chaqueña Claudia Panzardi, quien deberá indemnizar por daños y perjuicios al actual titular del Banco del Chaco, Livio Gutiérrez, a raíz de publicaciones realizadas en la red social Twitter que fueron consideradas lesivas para su honor.
Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firmes los fallos de primera y segunda instancia de la Justicia de Chaco, que habían hecho lugar a la demanda civil iniciada por Gutiérrez cuando se desempeñaba como legislador provincial. Los jueces entendieron que los mensajes difundidos por Panzardi excedieron el marco de la libertad de expresión y configuraron una intromisión ilegítima en la vida privada del demandante.
El conflicto se originó en abril de 2016, cuando Gutiérrez participó del programa televisivo “Intratables”, emitido por el canal América. En ese contexto, la entonces dirigente chaqueña publicó desde su cuenta personal de Twitter mensajes que lo vinculaban con acusaciones de violencia de género contra su esposa. Esos contenidos fueron luego retomados y amplificados por medios locales, lo que incrementó su difusión.
De acuerdo con lo resuelto por los tribunales chaqueños, las expresiones de Panzardi no se encuadraron ni como información veraz ni como opinión amparada por el debate público, sino como manifestaciones que atribuían un hecho de extrema gravedad sin sustento comprobable. La Justicia provincial concluyó que se trató de una acusación falsa, de amplia repercusión y con potencial para afectar de manera directa la reputación del funcionario.
La intervención de la Corte y el alcance del fallo
Luego de que la Justicia local rechazara un recurso extraordinario, la intendenta presentó una queja ante la Corte Suprema. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó el planteo al considerar que no cumplía con los requisitos formales previstos en la acordada 4/2007, que regula la presentación de este tipo de recursos. Esa decisión dejó firme la condena civil y la obligación de reparar el daño causado.
Aunque la Corte no ingresó en el análisis de fondo del caso, el resultado ratifica la línea jurisprudencial que establece que la libertad de expresión, si bien es un pilar fundamental en una sociedad democrática, no ampara la difusión de acusaciones falsas que afecten la honra de las personas. En especial, cuando se trata de señalamientos vinculados con delitos o conductas socialmente reprochables, como la violencia de género.
- Los tuits de Panzardi fueron considerados falsos y sin sustento probatorio.
- La difusión en medios locales potenció el daño a la imagen de Gutiérrez.
- La condena implica una indemnización económica por daños y perjuicios.
La Justicia chaqueña sostuvo que las expresiones no fueron ni información ni opinión, sino una intromisión injustificada y lesiva del honor del demandante.
El fallo se suma a otros precedentes que marcan límites a la responsabilidad de funcionarios y dirigentes políticos en el uso de redes sociales, en un contexto donde la velocidad y el alcance de las plataformas digitales incrementan el impacto de las expresiones públicas. La causa también vuelve a poner bajo la lupa el modo en que se construyen denuncias y acusaciones en el espacio virtual, y la necesidad de extremar el cuidado a la hora de reproducir versiones no verificadas.
