Una disputa judicial que terminó en ruina económica
NewsITe
Una familia de Tres Arroyos denuncia haber quedado en la ruina tras más de una década de litigios contra Walmart Argentina, en una causa que expone el impacto que pueden tener las regulaciones sobre honorarios profesionales y las decisiones judiciales en el acceso real a la justicia.
De acuerdo con documentación a la que accedió Noticias Argentinas y con lo relatado por allegados, el conflicto comenzó en 2013, cuando la cadena de supermercados habría ocupado durante casi cuatro años un predio de la familia para la construcción de una sucursal, sin concretar los pagos correspondientes y antes de retirarse del país. La familia inició acciones judiciales para resguardar su patrimonio, pero terminó perdiendo el juicio por un encuadre jurídico que atribuyen a la estrategia de sus propios abogados.
Aunque no se los condenó a indemnizar a la empresa, dos letrados vinculados a la firma reclamaron honorarios por 56.993 UMAs, lo que, a valores de enero de 2026, se traduce en más de $5.122 millones. La Cámara Civil Sala A convalidó ese cálculo, lo que abrió la puerta a un escenario de asfixia financiera para los demandantes.
Quiebras personales y denuncia por irregularidades
Las consecuencias económicas derivaron en un daño humano profundo. En el centro del conflicto hay una mujer de 87 años, jubilada; un hijo con una discapacidad motriz del 69%; y otra hija que falleció el 2 de mayo de 2025 a causa de un cáncer, en pleno desarrollo del litigio. Los integrantes del grupo familiar fueron declarados en quiebra y sus bienes se encuentran en proceso de ejecución en la provincia de Buenos Aires.
En paralelo, la familia promovió denuncias por presuntas irregularidades judiciales. El 20 de marzo de 2026 presentaron una causa penal contra un juez civil de Tres Arroyos por los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y tráfico de influencias. También señalaron un episodio ocurrido el 14 de julio de 2025 en un juzgado de Zárate-Campana, donde uno de los abogados beneficiarios de los millonarios honorarios se habría presentado sin citación y, según consta en registros del expediente, habría intimidado al magistrado, que luego se excusó de seguir interviniendo.
De la Corte Suprema a la vía internacional
El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 23 de diciembre de 2025 rechazó un recurso extraordinario con fundamento en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. En su resolución, el máximo tribunal dejó asentado que la decisión de no abrir la instancia no implicaba convalidar el contenido del fallo cuestionado, lo que mantiene abiertas las discusiones en torno al alcance de la sentencia y a la regulación de los honorarios.
Con las quiebras aún recurridas ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, el expediente empieza a proyectarse hacia organismos internacionales. Desde el entorno de la familia aseguran que el caso guarda similitudes con el antecedente “Cantos vs. Argentina” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se cuestionó el efecto confiscatorio de honorarios y costas desproporcionados sobre el derecho de acceso a la justicia.
“Lo que se discute no es solo un conflicto privado, sino hasta qué punto una regulación de honorarios puede terminar destruyendo a una familia que acudió a los tribunales buscando protección”, remarcan allegados al caso.
En ese marco, el expediente se convirtió en un nuevo ejemplo del debate sobre la necesidad de equilibrar la retribución de los profesionales del derecho con la protección efectiva de los ciudadanos frente a decisiones judiciales que pueden derivar en la pérdida total del patrimonio.
