A un año de la peor crisis sanitaria por fentanilo adulterado
Por NewsITe
A doce meses del estallido del caso de fentanilo adulterado, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., el sistema sanitario y judicial aún no logra dar respuestas plenas a las más de cien familias que reclaman justicia. Las pericias oficiales reconocen hasta el momento 114 muertes vinculadas al opioide contaminado, aunque especialistas y allegados a las víctimas advierten que la cifra real podría ser superior.
La causa se inició formalmente el 12 de mayo de 2025, cuando la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) denunció ante la Justicia un brote de infecciones intrahospitalarias detectado en el Hospital Italiano de La Plata. Los cuadros no respondían a las causas habituales y derivaron en múltiples fallecimientos. Estudios del Instituto Malbrán revelaron luego que las bacterias presentes en los pacientes —Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii— coincidían genómicamente con las halladas en ampollas de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo, producidos en diciembre de 2024 por los laboratorios del empresario Ariel García Furfaro.
La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, encabezado por Ernesto Kreplak, y de la Fiscalía Federal N° 1. Hasta hoy hay 14 personas procesadas, entre ellas Ariel Fernando García, Nilda Furfaro, Damián, Diego y José Antonio García, además de directivos y responsables técnicos como José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.
Una trama de negligencia, alertas ignoradas y controles fallidos
La fiscal María Laura Roteta, que lleva adelante la pesquisa junto al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, describió el caso como un hecho de “criminalidad compleja”, con un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado detrás de la producción de medicamentos inyectables. La causa expuso, además, falencias estructurales en los mecanismos de control del Estado y en la trazabilidad de fármacos críticos.
Antes de que se conociera la magnitud del brote, la ANMAT ya había emitido varias alertas y restricciones por problemas de calidad en productos de HLB Pharma y Ramallo S.A., que incluían dopamina, Propofol, diclofenac, morfina y el propio fentanilo. Pese a esos antecedentes, las plantas no fueron clausuradas de inmediato. Recién el 13 de mayo de 2025 se dispuso la inhibición de la producción en ambos establecimientos.
Declaraciones de empleados y directivos incorporadas al expediente revelan que, dentro de los laboratorios, se conocía el riesgo de contaminación, pero se minimizaban o directamente se ocultaban los resultados para sostener las ventas. Los cultivos microbiológicos, obligatorios para liberar cualquier inyectable y cuyos resultados se conocen recién a los 14 días, se realizaban, pero en la planta de Ramallo se impartían órdenes “desde arriba” para continuar la comercialización aun sin tener la certeza de que los lotes estuvieran libres de bacterias.
Según surge de la investigación, cuando los controles internos arrojaban resultados positivos en materia microbiológica, se asentaban en cuadernos específicos que misteriosamente desaparecían ante la posibilidad de inspecciones oficiales. Se estima que más de 300.000 ampollas de fentanilo de HLB Pharma circularon por el país antes de que se lograra recuperar los lotes infectados.
Víctimas en varias provincias y una lucha que no se apaga
Las muertes confirmadas se registraron en Córdoba, Santa Fe, Rosario, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, aunque la preocupación se mantiene en otras jurisdicciones donde también pudieron haberse distribuido las partidas contaminadas. Para muchas familias, todavía es una incógnita si la internación de un ser querido estuvo vinculada al opioide adulterado o si existe una relación directa con su fallecimiento.
Peritajes del Cuerpo Médico Forense concluyeron que, en los casos analizados, la administración de fentanilo contaminado fue “clave en el desenlace fatal de 114 pacientes”. En paralelo al expediente judicial, una comisión investigadora del Congreso Nacional trabajó durante meses y llegó a una definición contundente: las muertes no fueron un episodio fortuito sino el resultado de una concatenación de fallas evitables, omisiones, controles laxos y registros inconsistentes dentro del laboratorio.
Lejos de las estadísticas, detrás de cada número hay historias concretas: un recién nacido, un adolescente, un docente, un trabajador, un jubilado. Sus familias convirtieron el dolor en reclamo organizado y hoy encabezan una lucha para que se fijen responsabilidades penales y se refuercen los controles sobre medicamentos de uso crítico en todo el país. El caso de fentanilo adulterado quedará marcado como un antes y un después en la discusión sobre seguridad farmacéutica y el rol indelegable del Estado en la protección de la salud pública.
“Las muertes por fentanilo contaminado no fueron un accidente, sino el desenlace de una cadena de fallas evitables y ocultamientos”, concluyó la comisión investigadora del Congreso.
Mientras la causa avanza en los tribunales federales, las familias insisten en que el verdadero cierre sólo llegará cuando haya condenas firmes y se garantice que una tragedia similar no vuelva a repetirse en la Argentina.
