El organismo realizará un taller participativo en Buenos Aires para definir el alcance de la investigación, en el marco de una causa que dejó al menos 173 fallecidos.
La Auditoría General de la Nación (AGN) avanza en una auditoría sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en el marco de la causa por fentanilo contaminado. Este jueves 26 de marzo, familiares de víctimas participarán de un taller de planificación para definir el alcance y los pasos de la investigación.
De acuerdo con el escrito, la AGN reactivó su intervención y convocó a los familiares a un encuentro participativo. La actividad se realizará a las 10:30 en el Edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, sede del organismo.
“La convocatoria se da en un contexto crítico: una causa judicial en curso que investiga responsabilidades estatales —incluyendo al Ministerio de Salud, la ANMAT y el INAME— y una comisión investigadora cuyos informes aún no se han traducido en respuestas concretas, mucho menos en cambios estructurales”, expresa el comunicado.
Según la investigación judicial encabezada por el juez Ernesto Kreplak y los informes de la comisión, “la causa del fentanilo adulterado dejó al descubierto una secuencia crítica de fallas en la detección temprana, controles insuficientes en la producción, antecedentes ignorados y un sistema de trazabilidad y retiro que no logró actuar a tiempo”.
A fines de enero, la Justicia Federal envió al Cuerpo Médico Forense el listado completo de fallecidos por el opioide adulterado. El informe confirmó 111 víctimas fatales sobre un total de 159 casos analizados, mientras que 48 pacientes sobrevivieron.
En la causa hay 14 personas procesadas y detenidas, entre ellas Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. La investigación lo señala como “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.
Al empresario se le atribuye haber intervenido junto a otros integrantes de los laboratorios mediante “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” en la adulteración del lote 31202 del opioide, destinado al uso sanitario público.
“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, sostiene el escrito.
