La Cámara de Representantes habilitó el proceso de destitución
NewsITe
La crisis política en Filipinas sumó un nuevo capítulo con la decisión de la Cámara de Representantes de avanzar en un proceso de destitución contra la vicepresidenta Sara Duterte, figura clave del oficialismo e hija del exmandatario Rodrigo Duterte. Con una amplia mayoría de votos, el cuerpo legislativo dio luz verde a la acusación que ahora deberá ser analizada por el Senado.
Según los resultados oficiales de la votación, 255 legisladores se pronunciaron a favor de iniciar el juicio político, 26 lo hicieron en contra y nueve se abstuvieron. La cifra superó con holgura el mínimo constitucional exigido, que requiere el apoyo de al menos un tercio de los miembros de la Cámara baja —106 votos— para habilitar el procedimiento.
Los artículos de acusación aprobados serán remitidos al Senado, que tiene la potestad exclusiva de juzgar a la vicepresidenta. Entre los cargos que se le atribuyen a Sara Duterte figuran presuntos hechos de corrupción, complots para asesinato, incitación a la sedición y patrones de abuso de poder, entre otros señalamientos que elevan la tensión política en el país asiático.
El rol del Senado y las posibles consecuencias
De acuerdo con la Constitución filipina, el Senado actúa como tribunal en los procesos de destitución de altos funcionarios. Para que la vicepresidenta sea removida, se requiere el voto afirmativo de más de dos tercios de los senadores. En caso de que se alcance ese umbral, Duterte no solo perdería su cargo, sino que además quedaría inhabilitada de por vida para ocupar funciones públicas.
El eventual desenlace del juicio podría reconfigurar el mapa político de Filipinas, donde la familia Duterte ha tenido un fuerte peso en los últimos años. Rodrigo Duterte gobernó entre 2016 y 2022, con una gestión marcada por su polémica “guerra contra las drogas” y cuestionamientos de organismos internacionales de derechos humanos.
Ausencia de Sara Duterte y viaje al exterior
En el momento de la votación plenaria en la Cámara de Representantes, la vicepresidenta se encontraba fuera del país. Medios locales reportaron que la Oficina del Presidente autorizó su viaje al exterior entre el 2 y el 15 de mayo. A comienzos de mes, Sara Duterte viajó a La Haya, en Países Bajos, donde visitó a su padre, detenido en dependencias de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga presuntos crímenes cometidos durante su mandato.
- La Cámara de Representantes aprobó por amplia mayoría iniciar el juicio político.
- El Senado será el encargado de juzgar y definir el futuro político de la vicepresidenta.
- La destitución implicaría la inhabilitación permanente para cargos públicos.
Si más de dos tercios de los senadores votan a favor de la destitución, la vicepresidenta será condenada, removida del cargo e inhabilitada de por vida para ejercer funciones públicas, según establece la Constitución de Filipinas.
Filipinas ingresa así en una etapa de alta incertidumbre institucional, a la espera de que el Senado defina si las acusaciones contra Sara Duterte se traducen en una condena o si la vicepresidenta logra sostenerse en el poder en medio de un clima político cada vez más polarizado.
