La Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario ante la Corte Soprema para suspender artículos clave de la ley de financiamiento universitario. En Casa Rosada advierten por un impacto fiscal inmediato de $2,5 billones y admiten que no cuentan con los fondos.
En la madrugada de este viernes, la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio, presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
La presentación apunta contra el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, según informó Infobae. Esta entidad confirmó una medida cautelar y ordenó aplicar esos artículos de la Ley N° 27.795, vinculados al financiamiento y la recomposición salarial del sistema universitario, además de declarar inaplicable un decreto del Poder Ejecutivo.
El planteo del Gobierno y la disputa por el financiamiento
El Ejecutivo sostuvo que el caso reviste una cuestión federal y que la cautelar tiene efectos equiparables a una sentencia definitiva. Según argumentó, su implementación provocaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado”, al obligar a realizar gastos sin una fuente de financiamiento específica, lo que podría comprometer el equilibrio fiscal.
Desde el Gobierno remarcaron que, si bien la ley fue ratificada en el Congreso tras el rechazo del veto presidencial de Javier Milei, la norma resulta de “imposible aplicación” porque no establece de dónde deben surgir los fondos.
En ese sentido, citaron leyes presupuestarias vigentes y señalaron que la ejecución de gastos requiere partidas aprobadas por el Congreso. Además, cuestionaron al Poder Judicial por, según su visión, exceder sus atribuciones e invadir competencias propias del Ejecutivo y el Legislativo, en una discusión que remite al principio de división de poderes.
“En ningún momento se previó donde obtener esas partidas. De manera posterior se trató el Presupuesto 2026 y quienes impulsaron esta ley podrían haber dicho de dónde tenían que salir las partidas y tampoco lo hicieron”, señalaron fuentes oficiales.
Riesgo de pago inmediato y presión sobre las cuentas públicas
Mientras aguarda una definición judicial, el Gobierno enfrenta un escenario financiero inmediato. Según trascendió, si la Corte no concede el efecto suspensivo, la administración nacional quedaría obligada a comenzar con las transferencias desde este mismo viernes.
En ese marco, estiman que el impacto total podría alcanzar los $2,5 billones, lo que implicaría el retorno del déficit fiscal. Desde la Casa Rosada reconocen que no cuentan con los recursos para afrontar ese compromiso en el corto plazo.
“Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata”, afirmó una fuente oficial, al tiempo que dejó abierta la incógnita sobre cómo se obtendrían los fondos en caso de que el fallo quede firme.
Fuentes judiciales indicaron que existen pocos antecedentes en los que la Corte haya concedido efectos suspensivos en medidas cautelares de este tipo, lo que refuerza la incertidumbre dentro del Ejecutivo.
El trasfondo político y el impacto en el sistema universitario
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada en 2025 por una coalición opositora que logró rechazar el veto presidencial y avanzar con el reclamo judicial. La norma establece la actualización de salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta su sanción, además de la recomposición de becas estudiantiles.
Desde el sistema universitario advierten por la urgencia de convocar a paritarias y recomponer ingresos frente al deterioro acumulado. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias a universidades registraron una caída real del 45,6 % entre 2023 y 2026, mientras que los salarios perdieron más del 32 % de su poder adquisitivo en un contexto de alta inflación.
En este escenario, la resolución de la Corte Suprema será determinante no solo para el futuro inmediato de las cuentas públicas, sino también para el financiamiento del sistema universitario en la Argentina.
