ONG y familiares denuncian opacidad en el proceso de liberaciones
NewsITe
La transición política en Venezuela, acelerada tras la captura y traslado a Estados Unidos del exdictador Nicolás Maduro, avanza en medio de una fuerte controversia por el número real de presos políticos excarcelados. Mientras el gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez asegura que desde diciembre se produjeron más de 400 liberaciones, la ONG Foro Penal solo ha podido verificar una porción de esa cifra y denuncia falta de transparencia oficial.
De acuerdo con el registro actualizado de Foro Penal, desde el 8 de enero se confirmaron 72 excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos, un número muy inferior al defendido por el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez. La organización de derechos humanos advirtió que continúa revisando reportes y contrastando datos, pero remarcó que la opacidad del Estado alimenta la angustia de familiares que aún desconocen la situación de sus allegados.
En centros de detención como El Helicoide y la cárcel de El Rodeo I, decenas de familias mantienen vigilias desde hace días a la espera de noticias concretas. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) calificó el proceso como “lento” y “lleno de irregularidades” y reclamó que las excarcelaciones incluyan a todos los presos políticos. “La verdadera paz solo llegará cuando todas las familias estén reunidas de nuevo en libertad”, expresó en un comunicado.
Cruce por las cifras y denuncias de uso propagandístico
La brecha entre los datos oficiales y los registros independientes encendió un duro cruce entre el régimen y las ONG. Jorge Rodríguez aseguró que ya se han concretado más de 400 excarcelaciones e incluso acusó a Foro Penal de lucrar con la situación de las personas privadas de libertad. La organización rechazó de plano esas acusaciones y recordó que brinda asistencia legal gratuita a víctimas de violaciones a los derechos humanos desde hace más de dos décadas.
Foro Penal sostuvo que nunca ha cobrado por sus servicios y que cualquier persona puede corroborarlo a través de los testimonios de las más de 15.000 víctimas que han acompañado. Además, vinculó las dudas sobre quiénes fueron realmente liberados con el incumplimiento del Poder Público de su obligación de informar con claridad y de publicar listados verificables de los beneficiados.
Otras organizaciones, como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), se sumaron al reclamo y exigieron al Parlamento la difusión inmediata de un registro detallado. Consideran que conocer nombre, fecha, centro de reclusión y condiciones de salida de cada liberado es una garantía mínima para las familias y una herramienta clave para evitar la revictimización.
Presos políticos, prensa y presión internacional
El proceso de excarcelaciones también impactó en el periodismo venezolano. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que, hasta la tarde del miércoles, se confirmó la liberación de 18 periodistas y trabajadores de medios, entre ellos figuras como Roland Carreño, Ramón Centeno, Víctor Ugas y Carlos Julio Rojas. Muchos de ellos pasaron más de un año tras las rejas por ejercer su labor informativa.
Carreño, excarcelado tras un año y cinco meses detenido, advirtió que “no es sano para un país tener presos políticos” y llamó a que el proceso continúe hasta que “no quede ningún preso”. El SNTP subrayó que todas las liberaciones se dieron en el marco del anuncio oficial de un plan de excarcelaciones, pero recordó que todavía existen comunicadores privados de libertad o sometidos a medidas judiciales restrictivas.
La Iglesia Católica venezolana también intervino en el debate. Desde Barquisimeto, durante la multitudinaria procesión de la Divina Pastora, el arzobispo Polito Rodríguez exigió la liberación de todos los presos políticos y calificó esa medida como un acto necesario de “reconciliación y justicia”. El pronunciamiento coincidió con el clima de presión internacional sobre Caracas y con los reclamos de que se detenga la llamada “puerta giratoria”: liberar para volver a encarcelar.
Exigencia de listas oficiales y crítica a la opacidad
En paralelo, organizaciones de derechos humanos reiteraron su pedido de que el gobierno de transición publique de inmediato la lista completa de excarcelados. El Foro Penal remarcó que, si el Parlamento chavista realmente dispone de un registro actualizado, debe hacerlo público porque se trata de información de interés humano y social, no de un dato reservado.
“La opacidad solo sirve para generar angustia y preocupación en los presos y en sus familias, y no contribuye a la concordia ni a la reconciliación nacional”, advirtió la ONG en un comunicado. También insistió en que las liberaciones son resultado del trabajo de documentación y denuncia de la sociedad civil, y reclamó la excarcelación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y la anulación de causas consideradas espurias.
“La justicia no debe gotear. Debe fluir con verdad, con prontitud y con luz”, reclamó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, al exigir el fin de las demoras y mayor transparencia en cada liberación.
Mientras continúan las negociaciones políticas internas y los contactos con Estados Unidos y otros actores internacionales, el pulso por el control del relato sobre las excarcelaciones se volvió un eje central de la transición venezolana. Entre cifras contradictorias y denuncias de uso propagandístico, las familias de los presos políticos siguen esperando una respuesta clara: saber si sus seres queridos volverán a casa y bajo qué condiciones.
