Un caso testigo que pone bajo la lupa a las fotomultas
NewsITe
Un vecino de General Roca, en la provincia de Río Negro, logró que la Justicia de Faltas le anulara una multa de tránsito y, en el camino, dejó al descubierto serias fallas en el sistema de fotomultas que se utiliza en ese municipio. El caso, difundido por el medio local ANRoca, vuelve a encender el debate sobre la transparencia y la correcta calibración de los radares y cámaras que registran infracciones viales.
El conductor había sido sancionado por supuestamente pisar la banda de frenado —la línea blanca previa a la senda peatonal— en una bocacalle. Sin embargo, al analizar la imagen captada por el sistema, se observó claramente que el vehículo se encontraba detenido detrás de esa marca, sin invadirla ni acercarse a la senda peatonal. Es decir, la supuesta falta nunca ocurrió.
El expediente exhibió, además, otra irregularidad: el acta consignaba que una inspectora municipal había constatado la infracción el 28 de octubre de 2025, pero la firma digital que validaba la actuación llevaba fecha de enero de 2026. Esa diferencia temporal y la dependencia casi exclusiva del sistema automatizado pusieron en duda el procedimiento administrativo.
El rol del software y la empresa operadora
De acuerdo con lo informado, el municipio de General Roca utiliza un sistema de radares con software de detección automática de infracciones. El programa interpreta las imágenes y determina cuándo un vehículo cruza la línea de frenado o la senda peatonal. En este caso, la jueza de Faltas comprobó al revisar el video que el auto estaba correctamente detenido, lo que evidenció que el sistema había “visto” una infracción inexistente.
Desde ANRoca explicaron que se habría generado una ilusión óptica producida por la propia configuración y calibración del software. Esa falla técnica implicaría que el sistema, tal como está, no ofrece garantías suficientes para ser utilizado como única prueba para labrar actas de infracción.
El sistema es operado por Speed Radar Tech, una empresa privada que no solo administra los radares sino que también se encarga de enviar las notificaciones a los supuestos infractores. La combinación de errores de calibración y tercerización del servicio reabre la discusión sobre los controles que deben ejercer los municipios sobre estos prestadores.
La decisión judicial y su impacto para otros conductores
Frente al reclamo del vecino, la jueza de Faltas decidió aplicar el artículo 37, inciso b, de la Ordenanza 2359/96, que contempla la desestimación de la causa cuando se demuestra que el hecho imputado no existió. De esta forma, la multa fue anulada y se sentó un antecedente relevante para otros casos similares.
De hecho, en General Roca ya se registran otras denuncias de conductores que aseguran haber sido sancionados por infracciones que no cometieron o por registros confusos. Hasta el momento, el municipio no brindó explicaciones públicas detalladas sobre las fallas del sistema ni anunció una revisión integral de las cámaras y radares.
El caso refuerza una recomendación clave para los automovilistas de todo el país: ante cualquier multa detectada por fotomultas o radares, es fundamental solicitar acceso a las imágenes y al video original, verificar la fecha y hora, y comprobar que el acta cumpla con todos los requisitos legales. Cuando surgen inconsistencias, el descargo ante el Juzgado de Faltas puede resultar determinante.
La anulación de la multa en General Roca se apoya en un principio básico: ninguna sanción puede sostenerse cuando se prueba que el hecho nunca ocurrió, aun cuando haya sido “visto” por una máquina.
Mientras tanto, la comunidad espera que las autoridades locales revisen el sistema y brinden precisiones sobre los controles de calibración y auditoría de las fotomultas, en un contexto donde la confianza en estos dispositivos resulta clave para la seguridad vial y la legitimidad de las sanciones.
