El Ejecutivo pone fin al esquema de aportes obligatorios al PEVI
El Gobierno nacional resolvió dar por finalizado el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y ordenó el cese inmediato de las contribuciones obligatorias que venían abonando las bodegas y establecimientos del sector para financiar ese programa. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada en el Boletín Oficial.
Según la normativa, el PEVI fue concebido con un horizonte de 15 años y un plazo de cumplimiento que culminaba en 2020. Transcurrido ese período, el Ejecutivo consideró que ya no se sostiene la finalidad que motivó la creación de las contribuciones, por lo que dispuso su finalización junto con cualquier otra fuente de financiamiento público nacional asociada al plan.
La medida impacta de manera directa sobre la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), entidad encargada de gestionar el plan. A partir de ahora, COVIAR tendrá un plazo de tres meses para elaborar y presentar un informe final donde deberá detallar el uso de los recursos, el rendimiento de cuentas y el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos originalmente para el PEVI.
El texto oficial también establece que los fondos remanentes que queden tras el cierre del programa deberán transferirse al patrimonio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), organismo que, por instrucción del Gobierno, dejará asimismo de percibir los aportes que realizaban los establecimientos del sector vitivinícola en el marco del PEVI.
El rol de COVIAR y las metas incumplidas del plan
La resolución aclara que el cierre del plan no implica la disolución ni la liquidación de COVIAR, que continuará existiendo bajo los términos de la ley que la creó. Sin embargo, la Secretaría enfatiza que la corporación no tiene facultades para prorrogar de manera unilateral la vigencia del plan estratégico ni para sostener el esquema de contribuciones que ahora queda sin efecto.
Al fundamentar la medida, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, recordó que desde 2004 “todas las bodegas y productores del país pagaban una contribución obligatoria por elaborar, por embotellar y por vender”, un aporte que no se destinaba al Estado nacional sino al financiamiento de COVIAR.
“Los tres pagaban por cada litro elaborado de vino y mosto, por cada litro embotellado de vino, por cada litro vendido de mosto y por cada kilo de uva que ingresaba a los establecimientos procesadores”, explicó el ministro, al describir la carga económica que recaía sobre el sector vitivinícola para sostener el PEVI.
- Los aportes obligatorios servían para financiar a COVIAR.
- El plan buscaba posicionar a la Argentina entre los grandes jugadores mundiales del vino.
- Las metas incluían exportaciones por USD 2.000 millones anuales.
- También se proponía alcanzar el 10% del volumen del comercio mundial de vinos para 2020.
Sturzenegger admitió que las metas del PEVI “no se cumplieron”, pese a casi dos décadas de aportes obligatorios por parte de bodegas y productores.
Desde el Gobierno señalan que, con el cierre formal del programa y la transferencia de fondos remanentes al INV, se busca evitar un “enriquecimiento sin causa” y reordenar el esquema de financiamiento del sector, en línea con la política de desregulación económica que impulsa la actual gestión. En el corto plazo, la medida representa un alivio para bodegas y productores, que dejarán de pagar este tributo específico, mientras se abre una nueva etapa de debate sobre cómo potenciar la competitividad internacional del vino argentino sin recurrir a aportes obligatorios.
