Reforma electoral: el proyecto que divide al oficialismo y la oposición
NewsITe
El Gobierno nacional decidió avanzar en el Congreso con un amplio paquete de reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO, cambios profundos en el financiamiento de los partidos políticos, mayores exigencias para la existencia de fuerzas partidarias y la incorporación de la llamada “Ficha Limpia” para impedir candidaturas de dirigentes condenados por corrupción. La iniciativa llega a un escenario legislativo complejo, con aliados que ya expresaron reparos y gobernadores que miran con desconfianza varias de las modificaciones.
En la Casa Rosada sostienen que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias funcionan como una “encuesta nacional” de altísimo costo. Según estimaciones oficiales atribuidas al ministro del Interior, Diego Santilli, suprimir las PASO implicaría un ahorro cercano a los 200 millones de dólares por elección. Sin embargo, varios mandatarios provinciales, sobre todo de la oposición, consideran que eliminar esa instancia limitaría la competencia interna y reforzaría el poder de las cúpulas partidarias a la hora de definir candidaturas.
Otro eje central del proyecto apunta a reducir lo que el oficialismo define como “sellos de goma”: partidos sin representación real pero con personería vigente. Para eso se endurecen las condiciones de existencia de las fuerzas políticas. Se reemplaza el sistema tradicional de afiliaciones en papel por un mecanismo de avales biométricos, con el argumento de evitar falsificaciones y fortalecer el registro de militantes.
Cada partido deberá reunir afiliados equivalentes al 0,5% del padrón electoral, con un tope sobre dos millones de electores. Además, las fuerzas que aspiren a tener carácter nacional deberán demostrar presencia en al menos diez provincias, en lugar de las cinco requeridas hasta ahora. La personería podría perderse si el espacio no alcanza el 3% del padrón en una de dos contiendas electorales consecutivas, una vara que pondría en jaque a las fuerzas más pequeñas.
Cambios en el financiamiento y avance de la “Ficha Limpia”
El proyecto introduce también una reconfiguración del financiamiento de la política, con el propósito de reducir el peso del Estado en el sostenimiento de los partidos y establecer nuevas reglas para los aportes privados. Aunque aún no se difundieron todos los detalles, se anticipa un esquema más restrictivo y con mayores controles sobre el origen de los fondos.
Uno de los puntos más sensibles es la incorporación de la llamada “Ficha Limpia”. La propuesta busca impedir la postulación de personas con condenas por delitos de corrupción u otros delitos dolosos, una vez ratificadas en segunda instancia. De avanzar, quedarán inhabilitados para competir por cargos electivos y la prohibición se extenderá también a quienes integren el Poder Ejecutivo. El oficialismo plantea esta medida como una respuesta a la demanda social de mayor transparencia y sanciones más severas contra la corrupción política.
Parlasur, debates presidenciales y el debate que viene en el Congreso
El texto contempla además la suspensión de la elección directa de representantes al Parlamento del Mercosur (Parlasur). En lugar de que la ciudadanía vote esa categoría en el cuarto oscuro, la composición del organismo quedaría atada a la integración de la Cámara de Diputados, que designaría a los miembros en función de su representación política.
Otra modificación relevante es la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales. De prosperar la reforma, los intercambios televisados entre candidatos quedarían sujetos a la decisión de cada espacio, lo que abre interrogantes sobre el impacto en la información disponible para el electorado y en la dinámica de las campañas.
La discusión legislativa se anticipa intensa. El oficialismo deberá negociar punto por punto con bloques opositores y gobernadores, algunos de los cuales ya dejaron trascender sus dudas sobre la oportunidad y el alcance de la reforma. En las próximas semanas, el Congreso será escenario del primer test político para un paquete que, de aprobarse, reconfigurará las reglas de juego del sistema electoral argentino.
