La presentación del Gobierno busca que Milagro Sala cumpla su condena en una cárcel común y cuestiona el régimen vigente desde 2017.
El Gobierno nacional solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el fin de la prisión domiciliaria de Milagro Sala, quien permanece bajo ese régimen desde 2017 por disposición del tribunal internacional. El pedido apunta a que la dirigente social jujeña pase a cumplir su condena en un establecimiento penitenciario común, en función de las sentencias dictadas por la Justicia argentina.
La solicitud fue informada a través de un comunicado del Ministerio de Justicia de la Nación, que conduce Mariano Cúneo Libarona. Según se indicó, la Subsecretaría de Derechos Humanos volvió a plantear ante el organismo internacional el levantamiento de la medida que mantiene a Sala bajo arresto domiciliario desde hace ocho años y reclamó que la pena se cumpla de manera efectiva.
Los argumentos oficiales y la situación judicial
En ese contexto, el Ministerio sostuvo que “Milagro Sala, exlegisladora jujeña y dirigente de la organización barrial Túpac Amaru, condenada por delitos vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, debería estar cumpliendo su condena en la cárcel, sin privilegios, como ocurre con el resto de los delincuentes”.
Asimismo, precisó que “la Sra. Sala registra una condena firme de quince años de prisión e inhabilitación absoluta por los delitos mencionados”.
En la presentación ante la CIDH, el Estado argentino rechazó las denuncias de “hostigamiento judicial” formuladas por la defensa de Sala. De acuerdo con la documentación oficial, se incorporaron registros que muestran que la dirigente habría incumplido las condiciones de su arresto domiciliario al cambiar de domicilio sin autorización judicial, lo que activó alertas en el sistema de monitoreo electrónico.
Ese episodio motivó acciones de control adicionales por parte de las autoridades penitenciarias, que fueron cuestionadas por la defensa y refutadas por el Ministerio.
Cuestionamientos a la medida internacional y estado de la condena
“El presentar esas medidas de supervisión como hostigamiento busca instalar un relato para mantener un privilegio que no corresponde”, sostuvo la cartera de Justicia. En ese sentido, afirmó que la República Argentina cumple con las obligaciones internacionales asumidas, pero advirtió que la medida dispuesta por la Corte Interamericana se transformó en un beneficio que mantiene a Milagro Sala en su domicilio pese a contar con una sentencia firme.
En el comunicado oficial, el Ministerio señaló que “la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales”, aunque remarcó que “esta medida de la Corte Interamericana se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres, pese a tener una condena firme”.
También afirmó: “En la nueva Argentina del presidente Javier Milei se terminaron los privilegios de la casta que se enriqueció a costa de los argentinos de bien. Los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad. Hay un solo lugar para los criminales: la cárcel”.
Según se informó, Sala cumplió dos tercios de su condena el mes pasado, al completar 10 de los 15 años impuestos por la Justicia de Jujuy y luego ratificados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta situación la habilita, de acuerdo con el Código Penal, a tramitar el beneficio de la libertad condicional.
