Indemnización millonaria por difamación y hostigamiento digital.
La Justicia civil ordenó a una mujer indemnizar a su expareja con una suma cercana a los 30 millones de pesos por una campaña sostenida de hostigamiento y difamación en redes sociales que se extendió durante seis años. El fallo, dictado en la provincia de La Rioja, establece un precedente relevante en materia de responsabilidad civil por daños al honor en el entorno digital.
El caso involucra a un ex agente de la Policía de La Rioja, quien denunció haber sido víctima de mensajes agraviantes, publicaciones ofensivas y acusaciones falsas difundidas tanto desde cuentas personales como desde perfiles anónimos. De acuerdo con la sentencia, la conducta de la mujer repercutió de manera directa en su vida laboral y social, generándole un serio perjuicio profesional.
La indemnización base fue fijada inicialmente en alrededor de 4 millones de pesos, monto que se actualizó con los intereses acumulados durante los seis años que duró el proceso judicial, iniciado en 2020. De esa forma, la cifra final se elevó a aproximadamente 30 millones, según surge de la resolución.
Difamación reiterada y daño al honor en redes sociales
Según el expediente, tras la ruptura de la relación en 2019, la mujer comenzó a realizar publicaciones reiteradas en redes sociales con términos agraviantes dirigidos a su ex, utilizando incluso expresiones insultantes y discriminatorias. Además, difundió una falsa acusación vinculada a una enfermedad de transmisión sexual, extremo que la Justicia tuvo por probado a partir de la prueba incorporada a la causa.
El material publicado, tanto desde su perfil personal como desde cuentas falsas, tenía un mismo patrón de lenguaje, contenido y detalles de la vida privada del hombre, elementos que solo ella conocía. Ese paralelismo fue considerado central por el tribunal para atribuirle la autoría de los mensajes anónimos sin necesidad de recurrir a pericias informáticas complejas sobre direcciones IP.
Impacto en la carrera policial y rol del Estado
El exagente se encontraba en actividad en la Policía de La Rioja al momento de los hechos. Las reiteradas acusaciones y escraches en redes derivaron en la apertura de un sumario administrativo interno y, según se acreditó, bloquearon sus posibilidades de ascenso dentro de la fuerza. Para los jueces, esto puso en evidencia la gravedad del daño causado a su imagen pública y a su desarrollo profesional.
El abogado del denunciante, Pablo Arrieta, remarcó en declaraciones a medios locales que el caso deja un mensaje claro sobre los límites de la expresión en plataformas digitales. “No cualquiera puede salir a decir cualquier cosa sin tener una consecuencia”, señaló, al destacar que el honor y la reputación también están protegidos cuando los ataques se producen en internet.
Falsa denuncia de violencia de género y reparación simbólica
Otro de los aspectos relevantes del caso fue la inclusión, por parte de la mujer, de una denuncia por violencia de género que finalmente se acreditó como falsa. De acuerdo con Arrieta, la investigación permitió demostrar que la presentación carecía de sustento y las actuaciones fueron archivadas.
En ese punto, el letrado advirtió sobre la necesidad de actuar con criterio al recibir este tipo de denuncias: subrayó que, aunque la protección de las víctimas es prioritaria, también deben evitarse abusos que puedan perjudicar a personas inocentes y debilitar la confianza en los mecanismos de protección.
- Indemnización aproximada de 30 millones de pesos por daño moral y a la reputación.
- Hostigamiento y difamación sistemáticos durante seis años en redes sociales.
- Falsa acusación sobre una enfermedad de transmisión sexual y denuncia de violencia de género sin sustento.
- Impacto directo en la carrera policial del denunciante y apertura de sumarios administrativos.
La resolución judicial prevé que, en caso de incumplimiento del pago, se habilitará automáticamente un juicio ejecutivo para embargar bienes y activos de la condenada. De este modo, la Justicia busca enviar un mensaje contundente frente a las campañas de difamación en redes y reafirma que el entorno digital no es una zona liberada de responsabilidades legales.
