Hugo Sigman, vacunas y poder: la trama que llega a tribunales

El recorrido de “El Químico” de exilio político a magnate farmacéutico

Hugo Sigman, empresario farmacéutico argentino, en el centro del debate por vacunas y patentes

NewsITe

Hugo Sigman, conocido en el mundo empresario como “El Químico”, es una de las figuras más influyentes del negocio farmacéutico en la Argentina. Nacido en 1944, se formó como médico psiquiatra en la Universidad de Buenos Aires y debió exiliarse en España en los años ’70 por su militancia política en sectores de izquierda. Allí, junto con su esposa, la bioquímica Silvia Gold, fundó en 1977 la compañía Chemo, enfocada inicialmente en la venta de principios activos para medicamentos.

Ese primer emprendimiento creció aprovechando marcos regulatorios más laxos en países como España e Italia, que en aquel momento no contaban con una protección estricta de patentes farmacéuticas. Sobre esa base se consolidó una estructura orientada a proveer materias primas para la producción de genéricos, modelo que más tarde se proyectaría a la Argentina y a otros mercados. Con el retorno democrático y ya en los años ’90, Sigman regresó al país y dio forma al Grupo Insud, un conglomerado con presencia en 50 naciones, 18 plantas y alrededor de 7.000 empleados.

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Hoy su patrimonio familiar se estima en US$ 6.300 millones, lo que lo ubica como la segunda mayor fortuna de la Argentina. Pero el crecimiento de su holding volvió a quedar bajo la lupa judicial. El 19 de mayo de 2026, Sigman y Gold deberán presentarse ante el juzgado federal de Ariel Lijo para declarar como imputados en una causa impulsada por el fiscal Carlos Stornelli. La investigación apunta a presuntas irregularidades en la contratación de vacunas contra el COVID-19 y a una supuesta matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses.

Vacunas, pandemia y una causa que involucra a exfuncionarios

La citación a indagatoria alcanza a figuras clave de la gestión sanitaria de la pandemia. Entre otros, fueron convocados la exministra de Salud Carla Vizzotti, la exasesora presidencial Cecilia Nicolini, el infectólogo Pedro Cahn y exfuncionarios como Mauricio Alberto Monsalvo, Juan Manuel Castelli y Sonia Gabriela Tarragona. Esta última había sido directora general de la Fundación Mundo Sano, presidida por Gold, entre 2008 y 2013, lo que suma un elemento más a los posibles vínculos de intereses.

El fallecido exministro de Salud Ginés González García, amigo de Sigman desde la adolescencia, no fue objeto de acusación por parte de la fiscalía, dado que su muerte extinguió la acción penal. Durante la pandemia, mAbxience —laboratorio del grupo de Sigman— produjo en su planta de Garín el principio activo de la vacuna de AstraZeneca para toda América Latina. En paralelo, Sinergium Biotech, creada tras la gripe A en 2009 bajo un esquema de transferencia tecnológica con el Estado, se consolidó como proveedor de vacunas antigripales y contra el neumococo.

La doctrina “cut-copy” y el giro en la política de patentes

El avance de los laboratorios locales se apoyó durante años en la llamada doctrina “cut-copy”, respaldada en resoluciones dictadas en 2012 que limitaron el patentamiento de medicamentos extranjeros. Dichas normas restringían la protección de modificaciones sobre drogas ya conocidas, lo que permitió a empresas argentinas comercializar versiones similares sin pagar regalías completas a gigantes internacionales. Este esquema favoreció la expansión de los genéricos y biosimilares y derivó en reclamos de Estados Unidos por cientos de millones de dólares en regalías supuestamente impagas.

En 2024, la facturación del sector farmacéutico local creció un 255% interanual, por encima de la inflación. Pero el cambio político con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada abrió un nuevo escenario. Como parte de las negociaciones por un acuerdo de libre comercio y en respuesta a presiones de Washington, el Gobierno derogó el 18 de marzo de 2026, mediante la Resolución Conjunta 1/2026, la normativa de 2012. Con ello, devolvió al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) la potestad de evaluar caso por caso la patentabilidad bajo la Ley 24.481.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestiona desde hace tiempo la alta concentración del mercado y el nivel de precios, y llegó a afirmar que ciertos medicamentos en Argentina pueden costar hasta un 1.000% más que en España o Estados Unidos para el mismo principio activo. En su diagnóstico, el conglomerado liderado por Sigman constituye un “megamonopolio” que debe ser monitoreado para evitar contratos direccionados y condiciones de privilegio.

Un negocio millonario y el rol de los laboratorios nacionales

El mapa farmacéutico local no se limita al Grupo Insud. El Grupo Roemmers, encabezado por Alberto y Pablo Roemmers, concentra una participación central del mercado y acumula una fortuna estimada en US$ 2.400 millones. Laboratorios Bagó, conducido por Sebastián y Juan Carlos Bagó, opera con 10 plantas en distintos países y controla la distribuidora Disprofarma. Phoenix y Elea, en tanto, pertenecen en un 50% a la familia Sielecki, liderada por Daniel Sielecki, mientras que Richmond, presidido por Marcelo Figueiras, ganó protagonismo durante la pandemia por la producción local de la vacuna Sputnik V.

Según un informe de la Fundación FIEL, el negocio de los genéricos alcanzó en 2024 los US$ 2.214 millones, cifra que proyectada equivale a unos US$ 3.000 millones anuales. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), que reúne a 45 compañías de capital nacional y es presidida por Eduardo Macchiavello (Roemmers) con Gustavo Pelizzari (Elea Phoenix) como vicepresidente, advierte que el giro en las reglas de patentes podría “tensionar” la sustentabilidad del sistema de salud. Sostiene, además, que la industria local dinamizó la competencia al lanzar genéricos y biosimilares tras el vencimiento de las patentes originales.

Al cierre de la última semana, el lobby del sector obtuvo un primer triunfo político: la Cámara de Diputados decidió suspender provisoriamente el tratamiento del Capítulo II de la reforma a la Ley de Patentes, el apartado que buscaba modificar de lleno las reglas de propiedad intelectual para medicamentos. La reforma seguirá avanzando, pero sin afectar de manera frontal a un sector señalado como uno de los principales aportantes de campaña para las fuerzas políticas, a un año de las elecciones.

Debate abierto: patentes, inversión e impacto en la salud

El INPI queda ahora en el centro de la escena como árbitro técnico para definir qué innovaciones merecen protección. Desde el Ministerio de Desregulación aseguran que el nuevo esquema busca modernizar el sistema, brindar mayor seguridad jurídica y al mismo tiempo proteger el abastecimiento de medicamentos. El Gobierno impulsa además el debate sobre la eventual adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) y la cámara que agrupa a laboratorios extranjeros (CAEME) argumentan que la no adhesión al PCT obliga a investigadores locales a patentar sus desarrollos en el exterior, lo que en la práctica debilita el ecosistema científico nacional. Para el oficialismo, una actualización del marco regulatorio podría convertir al país en un polo más atractivo para la innovación y permitir una inserción más fluida de laboratorios locales en cadenas globales, en un contexto de mayor protección para gigantes como Pfizer o Roche.

La indagatoria a Hugo Sigman y a exfuncionarios de Salud aparece como un punto de inflexión para revisar hasta qué punto las políticas públicas de los últimos años favorecieron a determinados jugadores del mercado farmacéutico y si hubo demoras deliberadas en la llegada de vacunas como la de Pfizer.

Mientras la justicia avanza y el Congreso discute el nuevo marco de patentes, la industria se reacomoda. Grupos como Roemmers, Bagó, Elea, Gador y el propio Insud se enfrentan a un tablero regulatorio en transformación, donde el equilibrio entre acceso a medicamentos, estímulo a la innovación y transparencia en los contratos con el Estado vuelve a quedar en el centro de la agenda pública.

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