Investigan presuntas irregularidades en Nucleoeléctrica
El fiscal federal Ramiro González imputó al ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), Demian Ernesto Reidel, y dispuso la apertura de una investigación penal por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de la empresa estatal encargada de la operación de las centrales nucleares del país.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien señaló posibles maniobras indebidas vinculadas a una tarjeta corporativa identificada con la cuenta N° 338402. En su presentación también involucró a integrantes del directorio, de la sindicatura y a otros funcionarios de la compañía, a quienes atribuyó responsabilidad en el manejo y el control de esos gastos.
Según consta en el requerimiento de instrucción, el fiscal impulsó la acción penal para determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes” en la utilización y administración de la tarjeta corporativa entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Se investigan, entre otros, posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El reporte que disparó la investigación
La pesquisa tomó nuevo impulso tras la difusión de un documento interno titulado “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”, que fue incorporado a la Cámara de Diputados como respuesta a un pedido de acceso a la información pública formulado por la legisladora Florencia Carignano.
De acuerdo al dictamen fiscal, ese reporte contiene fechas, descripciones de operaciones e importes tanto en pesos como en dólares de consumos realizados durante el período bajo análisis. Del examen preliminar, González indicó que surgirían erogaciones que, en principio, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa estatal, cuyo rol central es la generación de energía eléctrica de origen nuclear.
Responsabilidades, controles y primeros pasos judiciales
En su presentación, el fiscal no sólo apuntó a Reidel, sino también a los miembros del Directorio y de la Sindicatura de Nucleoeléctrica, a quienes les reprocha una presunta omisión en los deberes de control, vigilancia y autorización de los gastos corporativos. Según sostuvo, la documentación agregada al expediente no identifica con claridad al titular ni al usuario responsable de cada operación, ni precisa si los movimientos se efectuaron con una única tarjeta o con plásticos adicionales asociados a la misma cuenta.
- No se encontrarían rendiciones documentadas que justifiquen el destino institucional de los gastos observados.
- Algunos consumos, aun cuando hubieran ocurrido durante viajes oficiales, podrían ser incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.
Frente a este cuadro, González requirió incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente e identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa. También solicitó información bancaria detallada sobre cada operación: fecha, comercio donde se efectuó el consumo, importe y usuario del plástico utilizado, con el objetivo de reconstruir el circuito completo de los fondos y evaluar si se configuraron delitos contra la administración pública.
La investigación se centra en determinar si los fondos de una empresa estatal clave para el sistema energético fueron utilizados para fines ajenos a su misión institucional.
Con estas medidas iniciales, la fiscalía busca consolidar la prueba documental y definir el grado de responsabilidad penal de Reidel y de los demás funcionarios mencionados. En caso de acreditarse las irregularidades, el expediente podría derivar en un proceso judicial de alto impacto político e institucional, dado el rol estratégico que cumple Nucleoeléctrica Argentina S.A. en la matriz energética nacional.
