La funcionaria admitió que antes de asumir ya circulaban rumores sobre presuntos abusos cometidos por dirigentes con presencia en el Senado bonaerense, aunque sostuvo que no existían denuncias judiciales activas.
La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, reconoció que antes de asumir su cargo en diciembre de 2019 ya circulaban versiones sobre presuntos abusos sexuales cometidos por integrantes de una agrupación política con presencia en el Senado bonaerense. Aclaró que, en ese momento, la información llegaba bajo la forma de rumores y sin causas judiciales con avances concretos.
Las declaraciones se conocieron en el marco del avance de la investigación judicial que involucra a Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, dirigentes del Movimiento Ciudadano La Capitana, acusados de haber abusado sexualmente de varias mujeres en La Plata, incluso dentro de dependencias del Senado provincial. El caso expuso un entramado de silencios, demoras institucionales y vínculos políticos que, durante años, permitieron la permanencia de los acusados en espacios de poder.
Según reconstruyó Infobae, las primeras denuncias contra la pareja datan de 2014 y 2019, aunque ninguna prosperó durante casi una década. Esa inacción derivó en que algunas víctimas abandonaran la ciudad ante la falta de respuestas y contención estatal.
Una década de denuncias sin respuesta judicial
La causa tomó un nuevo impulso recién en los últimos años, cuando la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata, reactivó uno de los expedientes a partir de la aparición de nuevas denunciantes. En paralelo, a mediados de 2025 se abrió otra investigación con más casos, lo que permitió visibilizar un patrón reiterado de abusos y presuntas prácticas sectarias.
Consultada sobre su conocimiento previo, la ministra Díaz no negó que las sospechas existieran antes de su asunción. Sin embargo, sostuvo que la ausencia de causas judiciales activas condicionó cualquier posible intervención. En ese sentido, remarcó que los delitos sexuales contra personas adultas son de instancia privada y que los funcionarios no están obligados a denunciar si no media una presentación formal de la víctima.
Desde distintos espacios feministas cuestionaron esa postura y señalaron que el Estado debió haber articulado mecanismos de prevención y acompañamiento, aun sin denuncia penal previa, para evitar la reiteración de situaciones de riesgo.
La intervención tardía del Ministerio de Mujeres
La intervención formal del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense se produjo recién en octubre de 2024, cuando una empleada del Senado pidió ayuda tras haber sufrido abusos. El Equipo Interdisciplinario de la Legislatura elaboró un informe y lo elevó a la Dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, área que depende directamente de la ministra.
Funcionarias del organismo recibieron a la víctima, aunque en ese momento ella aún no había radicado la denuncia penal. Desde el Ministerio le indicaron que debía acudir a la Justicia para acceder a medidas de protección, como un botón antipánico. Referentes que acompañaron a las denunciantes por fuera de los canales oficiales cuestionaron esa decisión y advirtieron que exigir la denuncia como paso previo desalienta la intervención temprana.
La presentación judicial finalmente se concretó en 2025. Para entonces, los acusados ya tenían dictadas restricciones de acercamiento por otro caso, lo que derivó en su apartamiento del Senado. A pesar de ello, continuaron percibiendo sus salarios hasta que fueron detenidos meses después.
Militancia, actos públicos y vínculos políticos
Paralelamente al avance judicial, salieron a la luz imágenes y registros que muestran la cercanía de los acusados con distintos espacios del peronismo platense. Durante 2025, Rodríguez y Silva Muñoz participaron de actos y actividades políticas en los que incluso coincidieron con algunas de las víctimas, pese a las restricciones vigentes.
En ese contexto, trascendió que la ministra Díaz inauguró en agosto de ese año una unidad básica en Ringuelet, vinculada al espacio político del gobernador Axel Kicillof. Fuentes del peronismo local indicaron a Infobae que ese armado invitó a La Capitana a distintas actividades, aunque la ministra negó cualquier vínculo orgánico y aseguró que rechazó actos conjuntos.
Díaz explicó que la presencia de los acusados en eventos públicos respondía a una estrategia de autoprotección y visibilidad política. Reconoció, además, que existen fotografías junto a ellos, tomadas en actos abiertos, aunque sostuvo que nunca formaron parte de su estructura política.
La “falsa abogada” y el engranaje de encubrimiento
Uno de los elementos centrales del caso es el rol de Melina Gaudino, señalada como una “falsa abogada” que habría simulado representar legalmente a las víctimas para evitar que las denuncias avanzaran. Según testimonios incorporados a la causa, Gaudino aseguraba estar realizando gestiones judiciales inexistentes, lo que generó una falsa sensación de acompañamiento legal.
El abogado Claudio Yacoy afirmó que terceros utilizaron su nombre sin su consentimiento y que él nunca presentó escritos en representación de las víctimas. Además, relató maniobras de manipulación y engaños personales que reforzaron el aislamiento de las denunciantes.
Gaudino ocupó cargos en distintos organismos públicos entre 2020 y 2024 sin contar con título habilitante. Luego de que las autoridades comprobaron esa irregularidad, el Ministerio de Seguridad bonaerense la desvinculó, aunque posteriormente se reinsertó en la Municipalidad de La Plata y más tarde en una universidad pública, siempre bajo la figura de abogada.
Investigación en curso y definición judicial
Actualmente, la Justicia evalúa unificar todas las causas que involucran a la cúpula de La Capitana. La fiscal Lacki solicitó formalmente esa medida, mientras que los jueces de garantías Juan Pablo Masi y Pablo Nicolás Raelle definirán la competencia.
Mientras el expediente avanza, el caso expone las falencias del Estado para detectar y frenar situaciones de abuso sostenidas en el tiempo, así como las responsabilidades políticas e institucionales que rodearon a los acusados. La investigación deberá determinar si las demoras respondieron a errores, omisiones o a un entramado de protección que garantizó la impunidad durante años.
