Casi la mitad de los montos se destina a honorarios y gastos judiciales, en un contexto de fuerte aumento de demandas laborales en todo el país.
En el marco del debate por la reforma laboral que se abrirá en febrero en el Congreso, un informe reveló que apenas el 55% de lo que pagan las empresas cuando pierden un juicio laboral llega efectivamente al trabajador. El resto se distribuye entre honorarios profesionales, pericias y gastos judiciales.
De acuerdo con un relevamiento de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el 45% del monto total abonado por las compañías no impacta en la persona despedida. Dentro de ese porcentaje, la denominada cuota litis —la parte del resultado del juicio que perciben los abogados— representa el 14% del gasto judicial.
El informe detalla que un 11% corresponde a los honorarios del abogado del trabajador, un 7% a los peritos y un 8% al abogado de la empresa. A estos ítems se suman los honorarios de segunda instancia, que alcanzan el 3%, y la tasa de justicia, con un 2%.
En paralelo, el sistema de Riesgos del Trabajo registró durante el último año 134.141 nuevas demandas, lo que equivale a un promedio de 370 juicios por día. Esta cifra implica un incremento del 6,4% en relación con 2024 y muestra una aceleración más marcada en el último cuatrimestre, con una suba interanual del 12%.
Desde la UART compararon el escenario actual con el “desborde” ocurrido en diciembre de 2016, previo a la última gran reforma del sistema. “Cerramos 2025 con una cifra récord injustificada e imposible de costear”, advirtió Mara Bettiol, presidenta de la entidad. Según sostuvo, el sistema se encuentra quebrado por una intermediación judicial en la que el juicio no implica un costo para el demandante, sino una “ganancia masiva”.
El informe alerta que, si no se logra frenar esta escalada, el costo laboral para las empresas aumentará de manera significativa. Para sostener el volumen actual de demandas y las actualizaciones de sentencias, la alícuota promedio de las ART debería pasar del 2,85% al 5,15% de la masa salarial, lo que implicaría un incremento cercano al 80% en el costo de cobertura para los empleadores.
