Dos exempleadas de Julio Iglesias denunciaron presuntas agresiones ocurridas en 2021 en residencias del Caribe y entregaron registros de audio que forman parte de una investigación en España.
El panorama legal de Julio Iglesias se agravó en las últimas horas. El cantante, de 83 años, enfrenta una investigación formal tras denuncias presentadas por dos mujeres que trabajaron en sus residencias del Caribe.
La fiscalía española informó a The Associated Press que las acusaciones refieren a presuntas agresiones sexuales y físicas. Los hechos habrían ocurrido entre enero y octubre de 2021. La Audiencia Nacional de España recibió la denuncia formal el 5 de enero.
La causa se tramita en ese tribunal. Es el órgano competente para delitos cometidos por ciudadanos españoles en el exterior. El expediente podría derivar en un proceso judicial en Madrid.
Los testimonios y el material entregado
La investigación fue difundida por elDiario.es y Univision Noticias. Las víctimas usaron nombres ficticios para preservar su identidad. Una de ellas se identifica como “Rebeca”.
Según su relato, fue contratada con la promesa de trabajar para “un hombre más importante de la República Dominicana”. Sin embargo, describió situaciones de acoso desde el inicio. También mencionó pedidos inapropiados durante jornadas en la playa.
La segunda denunciante, “Laura”, trabajaba como fisioterapeuta del artista. Relató una secuencia de abuso físico y humillación ocurrida en una piscina. Allí, según dijo, recibió tocamientos y comentarios sobre su cuerpo.
En sus palabras, describió escenas de fuerza y contacto no consentido. Las expresiones de tono explícito fueron censuradas para resguardar la publicación. Los audios con esos relatos quedaron a disposición de la Justicia.
El contexto dentro de las residencias
Diversos periodistas aportaron detalles sobre la dinámica interna. Indicaron que el comportamiento del cantante variaba según la presencia de su esposa, Miranda Rijnsburger.
Cuando ella y sus hijos estaban en la casa, el trato era profesional. Cuando se retiraban, la situación cambiaba. “Cuando Miranda aparecía, todo era normal. Cuando se iba, era la tortura de estas mujeres”, señalaron fuentes periodísticas.
Los hechos se habrían desarrollado en fincas de Punta Cana y Bahamas. Ese entorno forma parte de lo investigado.
El sentido de la denuncia pública
Las denunciantes afirmaron que buscan reparación y romper el silencio. Una de ellas dijo que se sentía “como un objeto” dentro de ese ámbito. Con la exposición pública, esperan alentar a otras posibles afectadas.
En un mensaje final, una exempleada instó a sus compañeras a hablar. Sostuvo que recurrir a la Justicia busca enviar un mensaje a todas las víctimas. También pidió que confíen en las instituciones.
Además, reafirmó su postura. Dijo que actúa por sí misma y por sus compañeras. Señaló que ingresaron a trabajar de forma digna y que no merecían maltrato físico, psicológico ni sexual.
