Kicillof suspende la ayuda alimentaria MESA por tres meses
NewsITe
El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso la suspensión, por un plazo inicial de 90 días, del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), un programa que venía reforzando la asistencia en comedores escolares y hogares vulnerables. La decisión, tomada en un contexto de fuerte tensión fiscal, encendió alarmas y críticas dentro del propio oficialismo bonaerense.
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Según datos oficiales, el MESA alcanzaba a más de dos millones de familias con chicos que asisten a escuelas públicas. Hasta abril se distribuía mensualmente una caja con nueve productos básicos, entre ellos arroz, harina, aceite, leche y conservas, destinada a complementar la alimentación de los sectores de menores ingresos en todo el territorio provincial.
Desde mayo, la distribución quedó interrumpida. La administración de Axel Kicillof justificó la medida en la necesidad de “ordenar las finanzas públicas”, en medio de la caída de la recaudación y el incremento de los costos. El programa representaba un gasto mensual estimado entre 28.000 y 30.000 millones de pesos, cifra que la Provincia asegura no puede seguir afrontando en las condiciones actuales.
Durante buena parte de su implementación, el MESA contó con un aporte cercano al 40% por parte del Estado nacional. Ese esquema se desarmó con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, cuando se interrumpieron las transferencias específicas para este tipo de programas. El faltante, calculado en alrededor de 12.000 millones de pesos mensuales, quedó a cargo íntegramente del Tesoro bonaerense.
Reacciones políticas y tensión interna en el peronismo
El freno al programa derivó en un fuerte debate dentro del peronismo provincial. Referentes históricos del conurbano salieron a marcar distancia de la decisión, advirtiendo por el impacto social que podría tener en barrios donde la asistencia alimentaria es un sostén clave frente a la suba de precios.
Uno de los cuestionamientos más duros llegó del senador y exintendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien calificó la suspensión como un “ajuste con la comida de los pobres”. Sus declaraciones expusieron la incomodidad de sectores del peronismo frente a recortes en áreas sensibles, más aún en un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo.
También desde espacios cercanos a Máximo Kirchner se hicieron escuchar críticas y pedidos para revisar la medida. En privado, algunos dirigentes plantean que el gobierno provincial queda expuesto a un costo político elevado al tocar programas directamente vinculados con la asistencia social, mientras responsabiliza a la Casa Rosada por la quita de fondos.
Preocupación en los municipios del conurbano
Los intendentes del Gran Buenos Aires se ubicaron en el centro de la escena. Como primer eslabón de contacto con los vecinos, advierten que la suspensión del MESA incrementa la presión sobre los sistemas locales de ayuda alimentaria, que ya venían exigidos por la demanda creciente en comedores y merenderos.
- Mayor afluencia de familias a comedores comunitarios y escolares.
- Reclamos directos a los municipios para compensar la ayuda perdida.
- Preocupación por posibles conflictos sociales en barrios vulnerables.
- Tensión política entre Provincia, Nación e intendentes por la responsabilidad del recorte.
En este escenario, varios jefes comunales del conurbano trasladaron sus quejas al Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, al que señalan como responsable por la interrupción de los aportes nacionales. Argumentan que, sin ese financiamiento, las provincias y los municipios quedan sin margen para sostener el nivel de asistencia previo.
“No se puede ajustar con la comida de los chicos. La situación social en los barrios es cada vez más delicada”, señalan en reserva funcionarios municipales consultados.
Mientras tanto, desde La Plata aseguran que la suspensión es temporaria y que durante los 90 días se evaluará la reestructuración del programa y la posibilidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento. Hasta que esa revisión concluya, la discusión sobre cómo sostener la ayuda alimentaria en la provincia de Buenos Aires seguirá en el centro de la agenda política.
