La Cámara Federal de Casación resolvió hoy el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández por la contratación de seguros durante su gobierno.
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió hoy el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa por la contratación de seguros durante su gobierno.
La resolución también alcanza al broker Héctor Martínez Sosa y a su esposa, María Cantero, quien fuera secretaria privada del exmandatario.
La decisión de la Cámara Federal se relaciona además con supuestas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado a través de Nación Seguros.
Alberto Ángel Fernández fue procesado en calidad de autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y se ratificó el embargo sobre sus hasta la suma de $ 14.634.220.283.
También se confirmó la prohibición de salir del país sin autorización judicial. El fallo es de los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. Los dos últimos conformaron la mayoría. Así, el expresidente queda más cerca del juicio oral y público.
Se dio por probada la existencia de un esquema de “recaudación y distribución de fondos públicos” que operó mediante la “irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ‘NACIÓN SEGUROS S.A.’”, aproximadamente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.
Además, Casación procesó a Osvaldo Alfredo Tortora; Agustín Beraldi; Emanuel Raúl Andrés Calvo y Andrés Severino, todos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y, en el caso de Cantero, incumplimiento de los deberes de funcionario público.
También confirmó los procesamientos y prohibiciones de salida del país de Alberto Carlos Pagliano, Gustavo Carlos García Argibay, Carlos Alberto Soria, Fernando Arana y Mauro Damián Tanos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación contra la administración pública.
En relación a cinco acusados, se sumó el procesamiento por el delito de cohecho y se ordenó recalcular embargos en base a esta nueva figura penal.
En otros ocho casos se revocaron procesamientos, al igual que para dos cooperativas.
La investigación se centró en la firma del Decreto 823/2021, que obligó a las entidades del sector público nacional a contratar seguros a través de Nación Seguros S.A., para lo cual se usaron intermediarios -brokers-, sobre todo Martínez Sosa.
