La disputa por la competencia enfrenta a los jueces Marcelo Aguinsky y Adrián González Charvay, mientras el expediente permanece a la espera de resolución durante la feria judicial.
La Cámara Federal de San Martín quedó en condiciones de resolver una cuestión clave en la causa que investiga la presunta utilización de testaferros para adquirir una mansión en Pilar, una flota de autos de alta gama y otras propiedades vinculadas a un expediente por presunto lavado de dinero y posible administración fraudulenta en perjuicio de la AFA. El Tribunal de Apelaciones recibió el expediente y deberá determinar qué juez continuará con la investigación, según publicó Infobae.
Según publicó Infobae, la disputa por la competencia enfrenta al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky —actualmente a cargo del expediente— y al juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay. Este último pidió que su par se inhibiera al considerar que los hechos investigados ocurrieron dentro de su jurisdicción. Ambos magistrados expusieron sus argumentos y dejaron la definición en manos de la Cámara, que resolverá mediante sorteo durante la feria judicial de enero.
Los argumentos del juzgado de Campana
González Charvay intervino a partir de un planteo de Luciano Pantano, propietario formal de los bienes junto a su madre, Lucía Conte, como integrantes de la firma Real Central SRL. El magistrado sostuvo que la causa debe tramitarse en Campana por el principio del “juez natural” y por la ubicación de los inmuebles en el partido de Pilar.
En su resolución —tomada el 30 de diciembre— señaló que la denuncia presentada originalmente por la Coalición Cívica se radicó en una jurisdicción distinta a la del domicilio de los bienes investigados. No obstante, el fiscal del caso, Sebastián Bringas, dictaminó en contra del planteo y se pronunció por mantener el expediente en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.
La respuesta del juzgado porteño
El juez Aguinsky rechazó ceder la causa y advirtió que el posible delito precedente del lavado sería la administración fraudulenta “en perjuicio de la AFA y a través de sus directivos”. Según consta en el expediente, retomado por Infobae, el supuesto testaferro afrontaría gastos con una tarjeta corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino, cuyo domicilio legal se encuentra en Viamonte 1366, en la Ciudad de Buenos Aires.
Para el magistrado, el “núcleo” del caso no es la casaquinta, sino el rol de la AFA dentro de la maniobra investigada. Recordó además que la pesquisa se vincula con otra causa por presunta evasión de aportes e impuestos por parte de la entidad, tramitada en el mismo fuero.
Avances y medidas adoptadas
Las propiedades involucradas fueron allanadas en el inicio de la investigación, cuando intervenía el juez federal Daniel Rafecas. Se dispuso la valuación y preservación de los bienes, mientras que, ya con el expediente en manos de Aguinsky, se profundizó el análisis patrimonial y financiero.
Entre los elementos incorporados figuran movimientos de la tarjeta de crédito atribuida a Pantano, cuyos resúmenes llegaban a la AFA y registraban consumos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos, incluidos pagos de telepases de vehículos secuestrados. También se procura identificar quiénes llegan a la propiedad en helicóptero, utilizando un helipuerto emplazado en el predio de Villa Rosa.
Pantano y su madre fueron citados para ser notificados e invitados a presentar un descargo, pero el trámite quedó suspendido hasta que la Cámara Federal de San Martín determine qué juez continuará al frente de la causa.
