El Tribunal rechazó la apelación presentada por la defensa y ratificó la medida cautelar que mantiene paralizadas las obras en Costa Pobre. La decisión se tomó en el marco de una causa penal por presunto daño ambiental.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás confirmó la medida cautelar que frena las obras de construcción de un puerto en la zona de Costa Pobre, partido de Ramallo, un proyecto de iniciativa privada avalado por el gobierno municipal que encabeza el intendente Mauro Poletti. La resolución, dictada en el marco de una investigación penal por presunto daño ambiental, rechazó la apelación presentada por la defensa y dejó firme la decisión adoptada en primera instancia.
Según se desprende del fallo, el Tribunal consideró que, frente a la posibilidad de un perjuicio irreversible sobre el ambiente, corresponde aplicar criterios de prevención y precaución, aun cuando el proceso judicial se encuentre en etapa de investigación. En ese sentido, se ratificó la suspensión de toda intervención en el predio hasta tanto se cuente con los informes técnicos y las autorizaciones ambientales exigidas por la normativa vigente.
La medida cautelar mantiene paralizadas las tareas vinculadas a desmontes, movimientos de suelo y utilización de maquinaria pesada en el área. La Cámara sostuvo que la continuidad de las obras, en este contexto, podría provocar daño ambiental sobre la costa del río Paraná, motivo por el cual consideró necesario mantener la medida cautelar vigente.
En sus fundamentos, los jueces recordaron que el derecho a un ambiente sano, reconocido por la Constitución Nacional, constituye un interés público que debe ser especialmente protegido. En esa línea, remarcaron que el derecho de propiedad no es absoluto cuando entra en tensión con derechos colectivos de naturaleza ambiental.
El conflicto previo en Costa Pobre
El plan de construcción del puerto había quedado bajo la lupa judicial luego de denuncias por intervenciones en el terreno, entre ellas movimientos de suelo, ingreso de maquinaria y modificaciones en el acceso a la costa. Ese escenario derivó en la apertura de la causa penal y en el dictado de la cautelar que ahora fue ratificada por la Cámara.
La defensa del empresario Carlos Bauzas pidió el levantamiento de la medida cautelar y cuestionó su validez. Sostuvo que la resolución carece de fundamentos técnicos que acrediten un daño ambiental concreto. Afirmó que no se comprobó la existencia de desmontes de bosques nativos ni la comisión de delitos ambientales. También indicó que la empresa ORAMAC es la legítima propietaria del predio. En ese marco, argumentó que las tareas realizadas, como la remoción de obstáculos y movimientos de suelo, forman parte del ejercicio regular del derecho de propiedad. Además, objetó la inexistencia de peligro en la demora y señaló que no se estaban ejecutando obras de gran envergadura.
La Cámara de Apelaciones desestimó esos planteos y rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa particular. En consecuencia, confirmó la resolución dictada por la magistrada titular del Juzgado de Garantías N° 3 departamental. El Tribunal ratificó la medida de “no innovar” sobre las obras que se desarrollan en la zona de Costa Pobre, en la localidad de Ramallo. Dispuso el cese de desmontes, movimientos de suelo y cualquier otra intervención. La prohibición se mantendrá vigente hasta que se presenten los informes ambientales y se obtengan las autorizaciones correspondientes, en el marco de la investigación penal en curso.
En paralelo, la iniciativa para levantar la terminal portuaria en Costa Pobre generó posiciones contrapuestas entre vecinos, organizaciones ambientales y la empresa impulsora, con cuestionamientos centrados en el impacto ambiental de la obra y en el cumplimiento de los procedimientos exigidos por la legislación vigente.
Con la confirmación de la cautelar por parte de la Cámara penal de San Nicolás, la obra permanecerá formalmente paralizada, mientras la causa avanza en el ámbito judicial y se analizan eventuales responsabilidades de carácter penal, administrativo y ambiental.
