La Corte Suprema confirmó penas por venta irregular de tierras en Córdoba
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas contra un ex funcionario municipal y un abogado involucrados en una maniobra de venta fraudulenta de terrenos fiscales en la localidad cordobesa de Pilar. Con esta decisión, el máximo tribunal cerró la vía de apelación y confirmó la ejecución de las penas impuestas por la justicia provincial.
Fuentes judiciales informaron que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisibles los recursos de queja presentados por las defensas de Pablo Iván Ghio y Cristian Julio Moyano. Ambos habían sido condenados junto con el ex intendente de Pilar, Diego Alejandro Bechis, y otros ex funcionarios municipales, por su participación en la operación irregular.
La causa se originó a partir de la cesión de derechos sobre dos terrenos fiscales ubicados a la vera del río Xanaes, equivalentes a unas once hectáreas pertenecientes a la Municipalidad de Pilar. De acuerdo con el expediente, esos predios fueron transferidos a un precio considerado “vil”, sin que mediara concurso de precios ni licitación pública, tal como exigen las normas para la disposición de bienes del Estado.
La investigación determinó que las tierras terminaron en manos de una persona señalada como presunto testaferro de Ghio, quien se desempeñaba como director de Juventud y Deporte del municipio y, al mismo tiempo, era empresario en el rubro de fiestas y eventos. Para los investigadores, él habría sido el principal beneficiario económico de la maniobra.
Cómo fue la maniobra y qué penas se confirmaron
Según la acusación, Bechis, Ghio y Moyano diseñaron un esquema jurídico y administrativo para facilitar la venta irregular. Ese entramado incluyó la aprobación de ordenanzas y decretos municipales impulsados por el Ejecutivo local y acompañados por concejales oficialistas, que habilitaron la cesión de los terrenos fiscales bajo condiciones sumamente ventajosas para los compradores.
Tras el juicio oral, la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba dictó condenas por los delitos de defraudación calificada por administración fraudulenta y abuso de autoridad, entre otras figuras. El ex intendente Bechis recibió una pena de cinco años de prisión, mientras que Ghio y Moyano fueron condenados a cuatro años y nueve meses. En el mismo fallo se dispuso la detención de los implicados y se ordenó la inmediata ejecución de las sentencias.
- Bechis, ex intendente de Pilar, condenado a 5 años de prisión.
- Pablo Iván Ghio y Cristian Julio Moyano, condenados a 4 años y 9 meses de prisión.
- La operación involucró once hectáreas de tierras fiscales a orillas del río Xanaes.
- La transferencia se realizó sin licitación ni concurso de precios.
Con la resolución de la Corte Suprema, que convalida lo decidido por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, se consolidan las responsabilidades penales y administrativas de los ex funcionarios y se ratifica la validez del proceso judicial tramitado en la provincia.
La decisión del máximo tribunal confirma las condenas por defraudación al Estado y abuso de autoridad, y deja firme la ejecución de las penas contra los ex funcionarios de Pilar involucrados en la venta fraudulenta de tierras fiscales.
El caso se suma a otros expedientes que recorren los tribunales provinciales y federales en los que se investigan maniobras de enajenación irregular de bienes públicos. Para especialistas en derecho administrativo y penal consultados habitualmente en causas de este tipo, los fallos que consolidan condenas por corrupción cumplen un rol central en la disuasión de prácticas similares y en la defensa del patrimonio estatal, especialmente en municipios y comunas donde el control institucional suele ser más laxo.
En este contexto, la decisión de la Corte Suprema en el caso de Pilar es leída por el ámbito judicial como un mensaje claro sobre la responsabilidad de los funcionarios en la administración de los bienes públicos y sobre las consecuencias penales de utilizar el poder político para favorecer intereses privados.
