El fallo exige revelar datos financieros y contractuales para identificar bienes embargables, en el marco de una sentencia que obliga al país a pagar 1.330 millones de euros a bonistas.
La Justicia del Reino Unido dispuso que el Gobierno argentino entregue información financiera y contractual vinculada a activos en el exterior, en el marco de una sentencia que obliga al país a pagar 1.330 millones de euros a los tenedores de bonos Cupón PBI. La medida busca facilitar la identificación de bienes susceptibles de embargo para ejecutar el fallo.
El caso involucra a Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, cuatro fondos que demandaron a la Argentina por modificar en 2013 la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) durante la presidencia de Cristina Kirchner, cuando Axel Kicillof era ministro de Economía. La Corte londinense consideró que esa modificación redujo los pagos vinculados a los cupones emitidos en 2005 y 2010 y perjudicó a los inversores.
El proceso judicial permitió a los beneficiarios ejecutar una garantía por 313 millones de euros, depositada por la Argentina para apelar el fallo, recurso que fue finalmente desestimado. Aún resta el pago de unos 1.000 millones de euros, según confirmó la Procuración del Tesoro, que ubicó este litigio como el quinto más relevante en monto para el país.
La orden del tribunal británico exige revelar contratos con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias en el exterior. Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, indicó en la red social X que la “Corte londinense ordena a la República Argentina entregar información sobre contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias entre otros ítems. Esto ocurre dentro del discovery por activos argentinos en el caso Cupón PBI en Euros”.
El procedimiento de discovery tiene como objetivo identificar activos embargables para asegurar el cumplimiento de la sentencia. En agosto, un informe técnico del Fondo Monetario Internacional mencionó conversaciones entre la Argentina y los acreedores, pero los demandantes negaron negociaciones. En una carta difundida por PR Newswire, afirmaron: “No hay negociaciones en curso entre ellos y la República”, y pidieron actualizar el reporte técnico.
La deuda se originó en el cupón atado al PBI, creado como incentivo en el canje de deuda de 2005 que lideró Roberto Lavagna. El instrumento preveía pagos adicionales si el crecimiento anual superaba el 3% hasta 2035. El Gobierno suspendió los pagos en 2011, cuando la economía dejó de alcanzar ese umbral.
En 2023, la justicia británica condenó a la Argentina a pagar unos USD 1.500 millones (1.300 millones de euros más intereses). En febrero de 2025, los demandantes ejecutaron la garantía depositada mediante una carta de crédito del Banco Santander. Expertos estiman que la garantía estaba compuesta por efectivo o letras de pago inmediato.
La decisión del Tribunal Superior de Londres tomó como antecedente la intervención del Indec en 2007, cuando Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, manipuló datos de inflación. En 2013, el organismo modificó el cálculo del PBI y reportó un crecimiento del 3,2%, por debajo del umbral necesario para activar el pago de los cupones. Con la base previa de 1993, el PBI había crecido 4,9%, lo que evitó entonces un desembolso superior a USD 3.600 millones en intereses.
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