Carlos Villafuerte Ruzo, juez federal nicoleño, decretó el embargo de una propiedad y la inhibición general de bienes de la tesorera del Banco Nación de San Pedro. La funcionaria está acusada del delito de peculado. Se le atribuye haber realizado maniobras irregulares por 40 millones de pesos, luego de que un control integral con personal especializado de Pergamino y San Nicolás confirmara un faltante de ese mismo monto.
De la redacción de EL NORTE
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El titular del Juzgado Federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, ordenó medidas cautelares sobre el patrimonio de la tesorera del Banco Nación de San Pedro, acusada de desviar una importante suma de dinero en beneficio personal. La funcionaria fue imputada formalmente la pasada semana por el delito de peculado, que prevé una pena de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua. El magistrado dispuso luego el embargo preventivo de su vivienda y le dictó una inhibición general de bienes.
El peculado es un delito de corrupción por el que un funcionario público, o persona encargada de caudales públicos, se apropia, utiliza o desvía dinero, bienes o servicios del Estado para beneficio propio o de terceros. Es una forma de malversación, de abuso de la confianza y el cargo público para dañar el patrimonio estatal.
La Fiscalía Descentralizada San Nicolás había formalizado la investigación penal preparatoria contra la funcionaria, a quien le atribuyó la sustracción de 40 millones de pesos mediante maniobras irregulares con fondos del tesoro de la entidad que habrían quedado registrados en el sistema de videovigilancia del banco. La mujer quedó filmada en el sistema de monitoreo de la entidad mientras realizaba las presuntas maniobras.
La imputación contra la tesorera de 36 años, quien se desempeñaba como responsable del Servicio de Cajas y de la administración de los fondos del tesoro en la sucursal bancaria de San Pedro, sostiene la hipótesis de que la acusada se habría valido de su función y del acceso directo al tesoro para retirar la suma de 40 millones de pesos y realizar pases contables sin respaldo, con el objetivo de ocultar el faltante.
Las maniobras
La investigación se inició a partir del 16 de octubre de 2025, cuando un arqueo preventivo detectó una inconsistencia en el dinero en efectivo del tesoro de la sucursal. Posteriormente, la sede fue intervenida y personal especializado de Pergamino y San Nicolás realizó un control integral en el que comprobó el faltante. Tras la confirmación de la irregularidad, representantes de la entidad efectuaron la denuncia y abrieron un sumario administrativo. La Justicia avanzó con la recolección de pruebas, toma de testimonios y análisis de los movimientos del tesoro bajo la órbita de la imputada.
Entre los principales elementos probatorios se cuentan los registros de las cámaras de seguridad de la entidad, que documentan la manipulación de dinero en sectores restringidos y el retiro de efectivo por parte de la mujer. Además, se sumó documentación bancaria —como comprobantes de pago de tarjetas de crédito a su nombre— que coincidiría en fecha, monto y horario con las maniobras investigadas. Se incorporaron, además, los resultados del sumario administrativo y del arqueo integral llevado a cabo el 17 de octubre de 2025 por la gerencia zonal, que confirmó oficialmente el faltante de 40 millones de pesos. Se tuvieron en cuenta, asimismo, los testimonios de empleados de la entidad. Uno de ellos manifestó que el día del arqueo, cuando advirtieron que la funcionaria se había retirado de la sucursal, una compañera le envió un mensaje de WhatsApp para saber dónde estaba y si iba a regresar. La mujer imputada le respondió: “Me voy a matar porque los arruiné, te quiero y no quise hacer mal a nadie, no sé lo que pasó”.
La Fiscalía centró la imputación en dos situaciones puntuales registradas por el sistema de seguridad interno del banco. Una de ellas ocurrió el 31 de julio de 2025, cuando la imputada habría retirado dinero del “tesoro reserva”, lo ocultó entre sus prendas en una bolsa de nailon y se retiró de la sucursal. Posteriormente, se registró un pase de fondos por 10 millones de pesos desde el “tesoro latón” hacia un cajero automático, operación que —según la acusación— habría tenido carácter meramente contable para encubrir la sustracción.
En otro episodio, sucedido el 8 de agosto de 2025, se le atribuye haber extraído fajos de billetes de 20.000 pesos del “tesoro libre” y entregarlos a un cajero para cancelar deudas personales de tarjetas de crédito (Visa y Mastercard) por un total de 16 millones de pesos. En simultáneo, habría realizado pases virtuales por idéntica suma para intentar equilibrar los registros del tesoro.
