Investigación sobre presuntos beneficios irregulares
NewsITe
La Justicia federal avanza en una investigación para determinar si la consultora +Be, perteneciente a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete presidencial, Manuel Adorni, fue beneficiada de manera irregular a través de contratos con empresas proveedoras del Estado nacional.
El expediente quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Carlos Stornelli, quienes actúan a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. La presentación apunta a posibles maniobras de direccionamiento en contrataciones y licitaciones públicas en favor de firmas con vínculo comercial con la consultora de Angeletti.
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Noticias Argentinas, Lijo ordenó una serie de medidas para reconstruir el mapa de relaciones comerciales entre +Be y un conjunto de empresas proveedoras del Estado. Entre las firmas señaladas se destacan Foggia Group y Datco, cuyos vínculos contractuales con el sector público serán objeto de un minucioso análisis.
El magistrado solicitó documentación sobre la facturación emitida hacia la consultora, los legajos societarios de las compañías involucradas ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y datos sobre los beneficiarios finales de las operaciones bajo sospecha. El objetivo es determinar si existieron ventajas indebidas o conflictos de intereses que pudieran configurar delitos contra la administración pública.
Medidas judiciales y foco en las contrataciones estatales
En paralelo, la fiscalía requirió información detallada a la Oficina Nacional de Contrataciones respecto de la participación de las empresas investigadas en distintas licitaciones públicas. Entre los datos solicitados figuran los expedientes completos, las bases y condiciones, y las constancias de los procesos en los que las compañías resultaron adjudicatarias.
Con estos elementos, la Justicia buscará verificar si las contrataciones se ajustaron a los procedimientos legales o si pudieron estar orientadas para favorecer de manera específica a proveedores con lazos comerciales con la consultora +Be. También será clave establecer si funcionarios públicos intervinieron de forma irregular para facilitar esos contratos.
- Requerimiento de documentación contable y societaria a Foggia Group, Datco y otras firmas.
- Pedidos de informes a la Inspección General de Justicia y a la Oficina Nacional de Contrataciones.
- Análisis de posibles conflictos de intereses vinculados a la consultora +Be.
Hasta el momento, en el expediente no se formalizaron imputaciones contra personas físicas, y la causa se encuentra en una etapa preliminar de recolección de pruebas.
Fuentes judiciales señalan que, una vez reunida y procesada la documentación, el juez y el fiscal evaluarán si existen elementos suficientes para avanzar con eventuales imputaciones o, en su defecto, disponer el archivo parcial o total de las actuaciones. Mientras tanto, el caso se suma a la agenda de investigaciones sensibles que involucran el uso de recursos del Estado y el rol de consultoras privadas en la provisión de servicios al sector público.
