La Cámara porteña ordenó suspender las obras en el histórico estadio
NewsITe
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dictó un revés clave para el proyecto de transformación del Estadio Luna Park y ordenó la suspensión inmediata de todas las obras de demolición y remodelación previstas en el predio. La medida impacta de lleno en los planes de DF Entertainment y la multinacional Live Nation, empresas que tienen a su cargo la explotación del emblemático estadio porteño.
La decisión fue adoptada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad, que hizo lugar a los recursos presentados contra un fallo de primera instancia. Aquella resolución había rechazado una medida cautelar solicitada por organizaciones y referentes del patrimonio urbano, pero ahora el tribunal revocó ese criterio y ordenó paralizar cualquier trabajo constructivo o de demolición hasta que exista una sentencia definitiva.
El Luna Park, declarado Monumento Histórico Nacional, es considerado un ícono de la vida cultural y deportiva argentina. Por ese motivo, el proyecto de modernización impulsado por DF Entertainment y Live Nation, que preveía una profunda intervención en el edificio durante las próximas décadas, viene generando controversias entre especialistas en patrimonio, vecinos y autoridades.
Los cuestionamientos al proyecto de DF Entertainment y Live Nation
Entre los principales puntos señalados por las organizaciones demandantes figura la existencia de un presunto aumento de volumen encubierto bajo la categoría de “superficie nueva”, algo que las normativas prohíben para inmuebles con protección estructural. También se objeta la demolición total del interior del estadio, considerada incompatible con los principios de autenticidad e integridad patrimonial que rigen para edificios históricos.
- Críticas a la modificación de la cubierta y la fachada, que deberían conservarse en su configuración original.
- Denuncias por la falta de intervención de organismos como el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) y el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA).
- Señalamientos por la ausencia de tratamiento legislativo en la Legislatura porteña.
- Advertencias por un posible impacto ambiental acústico, con niveles de ruido por encima de los límites permitidos.
Para los actores que impulsaron la cautelar, estas objeciones demuestran que el proyecto no solo afectaría la fisonomía del inmueble, sino también el entorno urbano y la calidad de vida de los vecinos de la zona céntrica porteña donde se emplaza el Luna Park.
Los fundamentos de la Cámara y el futuro del estadio
En su resolución, los jueces Gabriela Seijas, Horacio Corti y Hugo Zuleta señalaron que existen elementos suficientes para presumir que la obra podría vulnerar la normativa patrimonial vigente. Entre otros aspectos, destacaron que el proyecto afectaría más del 20% de la superficie del inmueble, lo que activa requisitos legales más estrictos para cualquier intervención, y que hay indicios de alteraciones en el volumen original del edificio, algo especialmente limitado en este tipo de bienes protegidos.
“Tratándose de un Monumento Histórico Nacional, cualquier intervención que se ejecute antes de una revisión judicial completa puede generar daños irreparables”, advirtió el tribunal al justificar la necesidad de frenar las obras.
La Cámara entendió que estaban acreditados los requisitos de “verosimilitud del derecho” y “peligro en la demora”, por lo que optó por dictar una suspensión total de la remodelación mientras se analiza el fondo del conflicto. La decisión supone un golpe para DF Entertainment y Live Nation, que aspiraban a reconvertir el estadio en un complejo moderno de espectáculos, y abre un escenario de incertidumbre respecto del futuro del Luna Park.
El pleito judicial se arrastra desde fines de 2025, con decisiones contrapuestas en distintas instancias. Con este nuevo fallo, la demolición vuelve a quedar congelada y el tradicional estadio permanece, por ahora, resguardado bajo órbita judicial. La definición final podría obligar a rediseñar por completo el proyecto o incluso a cancelarlo, en un debate donde se cruzan intereses económicos, políticas urbanas y la defensa del patrimonio cultural argentino.
