Una cautelar decretó la medida de no innovar que deberá aplicarse sobre las obras que se encuentran en desarrollo en Costa Pobre como parte del proyecto de consolidación de un puerto multimodal, iniciativa privada que el intendente Mauro Poletti promueve pese a su férrea oposición de años atrás cuando se desempeñaba como concejal opositor de la gestión de Ariel Santalla.
Un nuevo capítulo se sumó en la mañana de este sábado en torno a la polémica por el destino de Costa Pobre en Ramallo, cuando se conoció una medida cautelar dictada por la Justicia que ordena frenar las obras que allí se desarrollan en el marco de una inversión privada auspiciada fuertemente por el gobierno local de Mauro Poletti. Ambientalistas celebran la decisión y cuestionan al Intendente de Ramallo, quien años atrás, ejerciendo como concejal opositor de la gestión que por entonces comandaba Ariel Santalla, se mostraba firme en su rechazo a la instalación en ese lugar de un puerto multimodal.
La cautelar que ordena no innovar fue dictada como consecuencia de una petición del fiscal Julio Tanús y del particular Nicolás Cerretani en representación de la asociación civil «Unidos por la vida y el medio ambiente».
En concreto, y según se desprende de la propia resolución judicial, la cautelar decreta “la medida de no innovar sobre las obras que se están desarrollando actualmente en la zona de barrio Costa Pobre de la localidad de Ramallo, a efectos de que se cese con todo desmonte, movimiento de suelo y/o cualquier otra obra que implique la ejecución del proyecto de puerto multimodal, hasta tanto se exhiba la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental [,,,] y hasta tanto obtenga la totalidad de las autorizaciones pertinentes para la ejecución del proyecto portuario denunciado”.
Otras formalidades no cumplidas por el proyecto inversor, y exigidas ahora por la Justicia, tienen que ver con: la falta de constancia de Zona Apta para la actividad portuaria, la ausencia de permisos necesarios por parte de la Autoridad del Agua y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
La resolución planteó que la cautelar fuese notificada “personalmente” tanto al representante legal del municipio de Ramallo, como también al propio intendente Poletti y al titular o representante legal de la empresa Oramac Construcciones SA.
Referentes de la asociación civil ambientalista celebraron la reciente medida judicial, al tiempo que persisten los fuertes cuestionamientos dirigidos hacia el intendente Poletti, del llamativamente sinuoso posicionamiento a lo largo del extenso y delicado conflicto.
“Éste es un lugar que fue cedido por las autoridades municipales para lo que pretenden que sea un futuro puerto multipropósito. Walter Santalla fue intendente [de Ramallo] por el radicalismo en el periodo 2003 – 2015. Él fue el encargado de impulsar el proyecto del puerto en este lugar. En ese momento, fue con la oposición del entonces concejal Mauro Poletti, del Frente para la Victoria. Afirmaban entonces la necesidad de preservar este lugar como un espacio de importancia nacional e histórica. Y resguardarlo como un espacio de acceso público. Más tarde se produciría un cambio en Ramallo: el Frente para la Victoria gana las elecciones. Mauro Poletti pasó de ser concejal opositor a ser Intendente de Ramallo. Y desde entonces se convirtió en uno de los principales defensores e impulsores de la instalación del puerto en este lugar”, recapituló el ambientalista Cerretani.
